El sector pesquero europeo, representado por Europêche y la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha pedido explicaciones a la Comisión Europea (CE) ante las recientes acusaciones sobre el presunto uso de fondos públicos para financiar ONG con el objetivo de influir en la adopción del Pacto Verde. La organización ha solicitado también la intervención de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para iniciar una investigación independiente que permita esclarecer los hechos y proteger la integridad y credibilidad de las instituciones europeas.
Europêche insiste en que la investigación solicitada debe identificar a las organizaciones implicadas, analizar sus objetivos y evaluar la financiación recibida
Europêche ha manifestado su profunda preocupación por las posibles implicaciones de estas revelaciones, especialmente por su impacto en sectores como el pesquero, que ya enfrenta una creciente presión regulatoria y económica. La organización considera que algunas medidas derivadas del Pacto Verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, tienen consecuencias significativas para las comunidades pesqueras europeas, exigiendo restricciones adicionales, incluyendo el cierre de caladeros tradicionales. Según el sector, si se confirma que fondos públicos han sido utilizados para respaldar campañas destinadas a influir en la formulación de estas políticas, se habría comprometido la imparcialidad del proceso legislativo europeo.
En este sentido, Europêche ha señalado el incremento en los últimos años de campañas contra la pesca de fondo, promovidas por ONG que abogan por su prohibición total. Desde la organización pesquera, se advierte que este método de pesca, aunque regulado y certificado en Europa, ha sido objeto de una presión creciente sin un diálogo abierto con el sector, lo que ha generado una percepción de desequilibrio en la toma de decisiones.
Para restaurar la confianza en el proceso legislativo, Europêche insiste en que la investigación solicitada debe identificar a las organizaciones implicadas, analizar sus objetivos y evaluar la financiación recibida. Según la organización, este proceso debe determinar si se han producido vulneraciones de los principios democráticos y establecer medidas correctivas para evitar situaciones similares en el futuro.
Hasta que la Comisión Europea proporcione aclaraciones detalladas, Europêche ha instado a suspender cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares. La organización argumenta que continuar implementando políticas adoptadas en un contexto potencialmente comprometido supondría respaldar prácticas que la propia CE critica habitualmente en otros Estados o instituciones.
El presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha subrayado la gravedad de estas acusaciones y su posible impacto en la legitimidad de las políticas medioambientales europeas. Según Garat, “si se confirman estas acusaciones, representarían una grave vulneración de los principios democráticos y una traición a la confianza depositada en las políticas ambientales adoptadas en la legislatura anterior”. Además, ha destacado que los pescadores europeos ya enfrentan grandes desafíos para adaptarse a las normativas del Pacto Verde, por lo que es fundamental que el proceso de decisión sea transparente, imparcial y responsable.
Por último, Europêche ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, pero ha defendido la necesidad de que las políticas sean equilibradas, basadas en datos científicos y respetuosas con la realidad socioeconómica de las comunidades pesqueras europeas. La organización insiste en que el sector pesquero contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria de Europa y al desarrollo de las economías costeras, por lo que considera imprescindible que las decisiones que afectan a su futuro se adopten con plena transparencia y sin influencias externas no declaradas.
