El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares han trazado una hoja de ruta para preservar la actividad pesquera en el Mediterráneo, tras el reciente acuerdo alcanzado en la Comisión Europea (CE). Durante una reunión calificada como «positiva y constructiva» por el propio ministro, se han debatido medidas clave orientadas a la sostenibilidad del sector, la protección del medio marino y la viabilidad económica de la flota pesquera.
La propuesta principal incluye la adopción de medidas técnicas obligatorias, como la mejora de la selectividad de las artes de pesca mediante el cambio de copos en las redes de arrastre. Este cambio implicará la sustitución de las mallas actuales por otras de 45 y 50 milímetros, con el objetivo de reducir capturas no deseadas y proteger las especies más vulnerables. Según ha explicado Planas, esta modificación se incorporará a la legislación vigente mediante una actualización de la orden que regula el plan de gestión del Mediterráneo.
El Ministerio ha anunciado la financiación total de los costes derivados de la adaptación de las redes de arrastre. Esta medida beneficiará a 314 buques dedicados a la pesca costera y a 246 embarcaciones con actividad mixta, que operan tanto en aguas costeras como en zonas de mayor profundidad. El programa de ayudas permitirá a los armadores adquirir hasta dos copos por buque para las pesquerías costeras y hasta cuatro para las mixtas, con un límite máximo de 1.000 euros por unidad.
Para acceder a estas ayudas, los armadores deberán presentar facturas y justificantes de pago, mientras que la Secretaría General de Pesca certificará el cumplimiento de las dimensiones mínimas de las nuevas mallas. Los certificados, que tendrán una validez de 12 meses, garantizarán la conformidad de las redes con los nuevos estándares. El proceso de certificación responde a una demanda histórica del sector, que había reclamado una mayor claridad y seguridad en la implementación de estas medidas técnicas.
El calendario previsto establece que las bases de la convocatoria de ayudas se publicarán en el primer semestre del año, mientras que el abono de las mismas se llevará a cabo en el segundo semestre, una vez completado el proceso de verificación.
Estabilidad en las paradas temporales y otras medidas de apoyo
El plan también contempla la estabilidad en los días de paralización temporal para 2025, que seguirán el esquema de 2024. En total, se mantendrán 52 días de parada, de los cuales 30 serán por reducción del esfuerzo pesquero y 22 por vedas. Estas interrupciones estarán acompañadas de compensaciones económicas para los pescadores afectados.
Otra de las medidas destacadas es la posible financiación de hasta el 100% del coste de las denominadas puertas voladoras, un sistema técnico que reduce en un 30% el consumo energético de los buques y mejora la sostenibilidad ambiental al minimizar el impacto sobre el fondo marino. Planas ha subrayado la importancia de incorporar innovaciones que contribuyan tanto a la eficiencia económica como a la conservación del medio ambiente.
El ministro Planas ha adelantado que en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que se celebrará el 27 de enero, se planteará la necesidad de modificar el reglamento que regula la pesca en el Mediterráneo. España defenderá un enfoque más flexible y adaptado a la realidad del sector, con el objetivo de equilibrar los aspectos biológicos, sociales y económicos de la sostenibilidad.
Entre las prioridades del Gobierno se encuentra la adaptación del plan multianual del Mediterráneo occidental y la solicitud de informes científicos actualizados que reflejen el estado actual de los recursos pesqueros. En este contexto, se buscará reexaminar las restricciones a la pesca de especies como la merluza, proponiendo alternativas que permitan una explotación sostenible y rentable para la flota.
Reacciones del sector: descontento e incertidumbre
A pesar de los avances anunciados, el sector pesquero ha expresado su descontento con las medidas propuestas. José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, ha señalado que la hoja de ruta planteada por el Gobierno no ofrece soluciones inmediatas a la incertidumbre que afecta al sector. En particular, ha criticado el plazo límite del 30 de abril para la adaptación de las redes, que considera insuficiente dado el elevado número de copos que deben sustituirse. En este sentido, ha solicitado una prórroga hasta el 30 de junio.
El sector también ha manifestado su preocupación por la viabilidad económica de las embarcaciones en un contexto de crecientes restricciones. Gallart ha advertido que 2025 será un año complicado para la supervivencia de la flota y ha insistido en la necesidad de medidas más ambiciosas para garantizar su futuro.
La posición de Andalucía: apoyo firme al sector
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reiterado su apoyo al sector pesquero de la región. Durante la reunión, destacó la necesidad de aumentar los fondos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y de compensar las pérdidas económicas derivadas de la implementación de las nuevas medidas selectivas. Además, puso de relieve la singularidad de la flota andaluza, especialmente en lo que respecta a la pesca de la gamba blanca, e instó al Gobierno a abordar soluciones específicas para esta actividad.
Fernández-Pacheco también se comprometió a monitorizar los volúmenes de captura para evaluar el impacto de las medidas sobre la rentabilidad del sector. Según el consejero, es fundamental recuperar los niveles de actividad de 2019, cuando cada buque podía faenar hasta 200 días al año, en lugar de las limitaciones actuales.
