Un informe de Ocean infraestructures Management (OCP) alerta de fuga de tráfico portuario al norte de África por la entrada en vigor del Régimen de comercio de emisiones (ETS) en el transporte marítimo. El transporte marítimo en España ha iniciado una fase decisiva con la entrada en vigor de la normativa ambiental de la Unión Europea, que incluye al sector dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS). Este marco regula las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y busca avanzar en la transición energética y la descarbonización del sector.
Desde principios de 2024, las navieras están obligadas a comprar derechos de emisión por el 40% de sus emisiones de CO2, porcentaje que ascenderá al 70% en 2025 y al 100% en 2026. La normativa afecta a buques de más de 5.000 toneladas que operen en puertos europeos, obligándolos a informar anualmente su huella de carbono según el protocolo de Monitorización, Reporte y Verificación (MRV) establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI). Además, a partir de 2026, el ETS incluirá también las emisiones de metano y óxido nitroso, ampliando su alcance ambiental.
El cálculo de las emisiones se realiza según la ruta de los buques. Las rutas dentro de la UE estarán sujetas al 100% de los derechos, mientras que las que involucren puertos extracomunitarios pagarán solo el 50% de las emisiones generadas. Este esquema, aunque diseñado para fomentar la sostenibilidad, ha generado preocupaciones entre las navieras y puertos europeos.
Impacto en los puertos españoles y el riesgo de fuga de rutas
El nuevo régimen de emisiones plantea desafíos significativos para puertos estratégicos como Algeciras, Valencia o Barcelona. Existe el temor de que las compañías navieras opten por desviar sus rutas hacia puertos extracomunitarios, como los de Marruecos, Argelia o Egipto, que no están sujetos a las estrictas regulaciones del ETS. Esta situación podría perjudicar la competitividad de los puertos españoles y europeos frente a enclaves como los del Reino Unido, Turquía o Noruega, que también podrían beneficiarse de esta dinámica.
Para contrarrestar este riesgo, la Comisión Europea ha implementado el mecanismo de “puerto de transbordo”, que permite considerar ciertas escalas en puertos extracomunitarios como «transparentes», es decir, sin repercusiones en el sistema ETS. Sin embargo, la efectividad de esta medida está en entredicho debido a la complejidad de su aplicación y las posibles reinterpretaciones de las rutas por parte de las navieras.
Un sobrecoste que desafía la competitividad
El impacto económico para el sector también es considerable. Según estimaciones de Ocean Capital Partners, a partir de 2026, cuando el ETS alcance el 100% de cobertura, los buques que operen en puertos españoles enfrentarán un sobrecoste de aproximadamente 142 millones de euros. Este aumento de costes podría trasladarse a los operadores logísticos y, eventualmente, a los consumidores finales, afectando la competitividad del comercio marítimo español.
El ETS, aunque fundamental para financiar la transición energética, ha sido recibido con escepticismo por sectores industriales, que temen quedar en desventaja frente a competidores de países con regulaciones ambientales menos estrictas. La necesidad de equilibrar los objetivos climáticos con la competitividad económica sigue siendo un reto clave para España y la UE.
Mientras el sector marítimo trabaja para adaptarse a estas nuevas exigencias, persiste la incertidumbre sobre cómo evolucionará el panorama logístico internacional y cuál será el impacto real de estas medidas en el comercio y la sostenibilidad global.
