El conflicto derivado del anuncio de la naviera Carnival sobre la posible retirada de contratos de reparación en el astillero de Cádiz sigue evolucionando, generando preocupación en el sector. La decisión de Carnival responde a la implementación de un descanso semanal obligatorio para las empresas auxiliares, medida que busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Actualmente, las empresas auxiliares del astillero están llevando a cabo una consulta para decidir si acatan esta normativa o buscan alternativas para satisfacer las exigencias de la naviera. En paralelo, el sindicato UGT, mayoritario en Navantia-Cádiz, ha presentado una serie de propuestas que, según Antonio Montoro, secretario del metal de UGT, podrían asegurar el mantenimiento de los contratos sin renunciar al derecho al descanso de las plantillas.
Por otro lado, Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz, ha calificado las intenciones de Carnival como un «chantaje». En su opinión, el nivel de calidad y profesionalidad del personal de Navantia y de las empresas auxiliares es «incuestionable». Además, ha expresado su rechazo a lo que considera un «falso dilema» entre competitividad y derechos laborales.
Desde Sumar Cádiz se ha hecho un llamamiento a que Navantia y su industria auxiliar cumplan con los plazos de entrega acordados, destacando la importancia de compatibilizar la productividad con el respeto a la legalidad laboral, el descanso semanal y la conciliación familiar.
Este conflicto pone en jaque la estabilidad económica y laboral del astillero gaditano, un sector clave para la zona. Las partes implicadas deberán encontrar una solución equilibrada que responda tanto a las demandas empresariales como a la defensa de los derechos laborales. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los trabajadores y las empresas auxiliares del sector.
