La Comisión Europea ha anunciado que su primer informe sobre el impacto del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) en el transporte marítimo estará listo “en las próximas semanas”, cumpliendo así con su compromiso de publicarlo antes de que finalice el año. El anuncio ha tenido lugar durante la reunión de ministros de Transportes de la Unión Europea, celebrada en el marco del Consejo Europeo, y a la que ha asistido el ministro español de Transportes, Óscar Puente. La delegación española ha liderado, junto a otros ocho Estados miembros —Italia, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Croacia, Bulgaria y Rumanía—, la solicitud de una revisión urgente del ETS para evitar la fuga de tráficos hacia puertos no comunitarios.
El esquema ETS, en vigor desde enero de 2024, obliga a las embarcaciones que operan dentro de la Unión Europea a pagar el 100 % de las emisiones de CO2, mientras que los buques procedentes de otros países deben abonar el 50 % de sus emisiones. Este sistema permite que los transportistas puedan reducir costos si atracan primero en puertos no comunitarios, como el de Tánger Med en Marruecos, antes de completar la última parte del trayecto hacia puertos europeos. Esta práctica permite que sólo se pague por las emisiones generadas en el tramo final, lo que, según los países del sur, genera una clara desventaja competitiva.
Un estudio del Puerto de Algeciras ha estimado que los puertos europeos podrían perder un 2 % de su capacidad en 2024, mientras que los puertos no comunitarios de la región, como Tánger Med, crecerían un 5 %. Este dato ha sido utilizado por la delegación española para reforzar la necesidad de una intervención urgente por parte de la Comisión Europea. El embajador adjunto de España ante la UE, Oriol Escalas Nolla, ha advertido de que la situación compromete la «soberanía comercial, la seguridad y la cadena logística» de la Unión Europea. Además, ha subrayado que las posibles pérdidas no se limitarían a los países mediterráneos, sino que afectarían a toda Europa.
El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, ha instado a adoptar los cambios cuanto antes para evitar que «el problema escale al nivel de la crisis que enfrenta el sector automovilístico» en Europa, en referencia a la competencia con China en el mercado de los vehículos eléctricos. Italia, Portugal y Chipre han advertido de que las pérdidas de tráfico ya se están materializando. Desde Chipre, su ministro de Transportes, Alexis Vafeades, ha pedido «solidaridad entre los Estados miembros» para afrontar el riesgo de deslocalización de tráficos y ha reclamado una «revisión rápida de la directiva con una estrategia de puertos».
Frente a la posición de los países del sur, los países del norte y centro de Europa han mantenido una actitud más cauta. Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica consideran que aún no hay pruebas suficientes para demostrar la fuga de tráficos hacia puertos de terceros países. El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, ha afirmado que «no se ha demostrado que esté ocurriendo un desvío de rutas», mientras que Países Bajos ha reconocido que «existe riesgo de desvíos», pero ha valorado positivamente las medidas adoptadas por la Comisión hasta el momento. Dinamarca y Bélgica han pedido, además, que el sistema europeo se armonice con el que desarrolle la Organización Marítima Internacional (OMI) para evitar una doble carga impositiva para las navieras.
Ante esta división de posturas, la Comisión Europea ha señalado que su análisis preliminar, publicado en octubre, no ha encontrado «pruebas claras» de un desvío significativo de tráficos. La directora general de Transportes de la Comisión, Magda Kopczynska, ha reconocido, no obstante, que la reconfiguración de rutas generada por la crisis en el Mar Rojo ha dificultado la obtención de datos concluyentes. También ha advertido que, dado que el ETS «sólo lleva un año» en vigor, sus efectos reales podrían manifestarse más adelante.
Kopczynska ha asegurado que la Comisión «se toma muy en serio los riesgos de comportamientos evasivos, en especial la reubicación de las actividades de transbordo a puertos no comunitarios». Ha destacado que el seguimiento de la situación se realiza en colaboración con la Agencia de Seguridad Marítima Europea (EMSA), los Estados miembros y los principales puertos europeos. La recopilación de datos se ha centrado también en la posible reubicación de las operaciones de transbordo, una de las principales preocupaciones expresadas por países como España, Grecia y Portugal. Estos países temen que los grandes buques opten por descargar sus contenedores en puertos no comunitarios y que, posteriormente, los contenedores sean transportados a puertos europeos por medio de embarcaciones más pequeñas, reduciendo así el monto a pagar por emisiones de CO2.
El esquema ETS ha recaudado 33.000 millones de euros en 2023, fondos que se destinan a los Estados miembros para financiar la descarbonización y el desarrollo de tecnologías más limpias. La nueva fase del sistema, que se activó en enero de 2024, exige a los armadores cubrir un mayor porcentaje de sus emisiones de carbono con el pago de la tasa. Este nuevo escenario ha intensificado la presión de los países mediterráneos para que la Comisión introduzca cambios antes de que se produzca una mayor fuga de tráficos.
Los puertos del sur de Europa consideran que la normativa actual crea un «efecto frontera» que favorece la competitividad de los puertos de países vecinos no sujetos al ETS. El Puerto de Algeciras, por ejemplo, compite directamente con Tánger Med, situado a tan solo unos kilómetros de distancia, en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. En este contexto, Óscar Puente ha señalado que «el problema no afecta solo a los países mediterráneos», subrayando que «las pérdidas serán europeas».
La publicación del informe de la Comisión Europea se espera con gran expectación, ya que determinará la posición que adopte Bruselas respecto a la modificación del ETS. Los países del sur confían en que el informe recoja evidencias de la fuga de tráficos y sirva de base para solicitar la introducción de nuevas medidas preventivas. Por su parte, los países del norte han insistido en la necesidad de esperar a tener «pruebas claras» antes de abordar cualquier revisión normativa.
El debate sobre el ETS refleja las diferencias de intereses entre las distintas regiones europeas. Los países del sur, que concentran gran parte del tráfico de transbordo, piden una revisión rápida para proteger la competitividad de sus puertos. En cambio, los países del norte, con importantes hubs portuarios como Róterdam y Hamburgo, consideran que aún no se han presentado pruebas suficientes de una fuga significativa de tráficos. Mientras tanto, la Comisión se enfrenta al reto de equilibrar los objetivos de descarbonización con la necesidad de proteger la competitividad comercial de los puertos europeos.
