El Ejecutivo ha denegado el atraque de dos portacontenedores en el puerto de Algeciras (Cádiz) por sospechas de transportar material bélico hacia Israel, en el contexto de un embargo de facto sobre ventas de armamento a ese país. Los buques Maersk Denver y Maersk Seletar, ambos operados por la naviera danesa Maersk y con bandera estadounidense, salieron de Nueva York el 31 de octubre y el 4 de noviembre, respectivamente, y tenían previsto arribar a Algeciras el 8 y 14 de noviembre. A pesar de que Maersk ha proporcionado documentación alegando que el contenido de sus contenedores es material militar no bélico, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado esta mañana la denegación del “presente tránsito por territorio nacional”.
La situación se produce tras las reiteradas denuncias de colectivos sociales y representantes políticos, como Sumar, quienes desde hace días han advertido sobre la llegada de estos buques con posible cargamento militar para Israel. Enrique Santiago, diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), solicitó a primera hora de hoy que la Fiscalía General del Estado tomara medidas para impedir el tránsito, advirtiendo que su escala podría constituir un “delito contra el derecho de gentes” según el Código Penal. La documentación aportada por Santiago a la Fiscalía incluyó información de Progressive International y Palestinian Youth Movement que señalaría que, entre mayo y septiembre, otros 1.185 buques habrían pasado por Algeciras con un total de 13.000 toneladas de suministros militares con destino a Israel. De confirmarse, tal tráfico vulneraría el acuerdo alcanzado por el actual Gobierno de coalición, del que Sumar forma parte.
Esta decisión del Gobierno se enmarca en el embargo de facto que España mantiene desde el 7 de octubre sobre las exportaciones de armamento a Israel, tras el ataque de Hamás y la consecuente escalada de tensiones en Oriente Próximo. Según el Ejecutivo, desde esa fecha no se ha autorizado la venta de armamento ni la escala de barcos con cargamentos bélicos destinados a esa región. Esta política ya se aplicó en mayo pasado, cuando se impidió la escala del buque Marianne Danica en el puerto de Cartagena, en una situación similar.
Además de frenar las exportaciones de material bélico, el pasado 22 de octubre se suspendieron también las compras de armamento a Israel. Esta medida se hizo oficial tras la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a una solicitud del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien en representación de Sumar había pedido la “suspensión inmediata” de compras de material militar a Israel. Robles afirmó que, desde el ataque de octubre, no se ha adquirido armamento de origen israelí y que las únicas licencias pendientes para Israel corresponden a repuestos no bélicos, los cuales permanecen actualmente paralizados.
En la misma línea de restricciones, el 29 de octubre, el Ministerio del Interior anunció la cancelación de un contrato de compra de munición de calibre 9 milímetros para la Guardia Civil, adjudicado a una empresa israelí por 6,6 millones de euros, extendiendo el embargo también al material de seguridad de origen israelí.