La Capitanía Marítima de Algeciras se ha mantenido como la entidad con mayor número de procedimientos sancionadores abiertos por infracciones graves en 2023, según la Memoria Anual de la Dirección General de la Marina Mercante. A lo largo del pasado año, la Capitanía de Algeciras ha abierto 251 expedientes sancionadores, una cifra superior a los 242 procedimientos del año anterior.
La actuación de la Capitanía busca garantizar que los buques cumplan con las regulaciones vigentes, especialmente en relación con la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los límites de contenido de azufre en el combustible, aspecto en el que se realizaron inspecciones exhaustivas a lo largo del año. Esta actividad se enmarca en el cumplimiento de los objetivos del Memorándum de París (París MoU), que busca asegurar la seguridad marítima y el cumplimiento medioambiental mediante la inspección de buques de pabellón extranjero. A nivel nacional, en 2023 se han realizado 1.485 inspecciones a buques extranjeros en puertos españoles, colocándose España en el segundo puesto en inspecciones dentro de los Estados miembros del MoU.
La Dirección General de la Marina Mercante ha subrayado la relevancia de los esfuerzos en la investigación y persecución de los casos de contaminación marítima, un ámbito en el que la Capitanía de Algeciras continúa siendo un referente. Este desempeño no solo reafirma su compromiso en la protección medioambiental, sino que también refleja el incremento en los controles y las sanciones por prácticas que contravienen las normativas vigentes en materia de contaminación y seguridad.
A nivel nacional, las capitanías marítimas de España han iniciado un total de 2.045 procedimientos sancionadores en 2023, de los cuales 1.840 fueron por infracciones graves y 205 por infracciones leves. Algeciras ha liderado esta clasificación, seguida por Vigo (183 expedientes), Almería (180) y Alicante (172). En términos de resolución, se han cerrado 1.656 procedimientos sancionadores, algunos de los cuales iniciados en ejercicios anteriores. Del total de casos, 117 han resultado en recursos de alzada y 29 han pasado a la vía contencioso-administrativa, reflejando el alcance y la complejidad de las gestiones administrativas y legales necesarias para sancionar y prevenir infracciones en la normativa de seguridad y medioambiente en los mares y puertos españoles.
