El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado que está siguiendo de cerca los trabajos relacionados con parques eólicos marinos en las costas españolas. Sin embargo, actualmente no se contempla ninguna autorización para la instalación de estas infraestructuras frente a las playas de Conil, Vejer, Barbate y Tarifa, ni existe estudio de impacto ambiental al respecto. Así lo señala el Gobierno en una respuesta escrita a una consulta planteada por Vox en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a la posibilidad de establecer parques eólicos marinos en esta zona, el Gobierno remite al Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de la demarcación sudatlántica, regulado por el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero. Este plan, que establece las áreas marinas de mayor potencial para energías renovables, no identifica ninguna zona de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina en las aguas de la demarcación sudatlántica, lo que deja fuera de planificación a las costas gaditanas en este ámbito.
Además, el Ejecutivo recuerda que el Real Decreto 962/2024, aprobado el 24 de septiembre, regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones en el mar, estableciendo un procedimiento específico para la aprobación de este tipo de proyectos. A pesar de esta normativa, el Ministerio indica que actualmente no existen previsiones para autorizar instalaciones de parques eólicos en las aguas frente a la comarca de la Janda ni estudios ambientales relacionados.
En 2023, las administraciones locales y diversas asociaciones ecologistas de la zona se posicionaron en contra de la posible instalación de un parque eólico marino en la costa gaditana. La oposición incluyó la creación de una plataforma de protesta impulsada por los ayuntamientos locales, junto a grupos ecologistas y asociaciones vecinales. Asimismo, en octubre de 2023, todos los partidos con representación en la Diputación de Cádiz –PP, PSOE, IU y La Línea 100×100– respaldaron una moción conjunta en el Pleno para hacer “un frente común” frente al proyecto propuesto por la empresa Ferrovial, que había solicitado la autorización a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para una instalación frente al litoral de Conil, Vejer y Barbate.