El Sindicato de Trabajadores STR en el parque energético de Cepsa, en San Roque, ha mostrado su preocupación ante la reciente decisión de Cepsa de frenar sus inversiones en hidrógeno en España, una medida que se suma a la estrategia adoptada previamente por Repsol, y que los sindicalistas califican como una consecuencia previsible del llamado ‘impuestazo’ al sector energético. El STR ha advertido que este panorama afecta directamente a los trabajadores del Campo de Gibraltar y, de manera más amplia, a toda la estructura económica comarcal.
Desde STR, se subraya la importancia de que el Gobierno y las grandes corporaciones del sector energético lleguen a un acuerdo para asegurar la estabilidad de los empleos y el futuro de la industria local, al tiempo que el sindicato alerta sobre el impacto que podría tener una política fiscal incierta en otras empresas de la zona. Según el STR, el riesgo de que nuevas inversiones energéticas se desvíen hacia otros países debido a la carga fiscal actual podría ralentizar el desarrollo económico de la región y afectar directamente a muchas familias y negocios de la comarca.
“Esperamos que los que mandan lleguen a un acuerdo para beneficiar a los trabajadores, las familias afectadas y toda la comunidad, porque la afectación va más allá de Cepsa”, ha señalado el portavoz de STR y presidente del comité de empresa de Cepsa Química, Antonio Domínguez Crespo.
La petrolera analiza la viabilidad de sus proyectos nacionales tras la propuesta de un impuesto energético permanente
Cepsa ha decidido poner en pausa sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España ante la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país, especialmente por la posible conversión del impuesto extraordinario a las energéticas en un gravamen permanente. La petrolera, la segunda mayor del país, ha anunciado que está evaluando el impacto que esta medida tendría sobre la rentabilidad de sus iniciativas de hidrógeno, lo que podría llevarle a dar prioridad a proyectos internacionales en países con condiciones fiscales más estables.
Según han indicado fuentes de la compañía, el grupo considera que, de aprobarse un nuevo impuesto permanente, este tendría «un efecto muy relevante» sobre la rentabilidad de sus proyectos de hidrógeno en España. Entre los afectados está el emblemático Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto de 3.000 millones de euros destinado a posicionar a España como un centro exportador de hidrógeno verde y a descarbonizar sectores clave como la industria y el transporte. Este proyecto, en fase de desarrollo, contempla la creación de hasta 10.000 empleos directos e indirectos y se basa en el uso de electricidad renovable y aguas residuales, alineándose con los objetivos de economía circular y reducción de emisiones.
A pesar de esta pausa en España, fuentes de la compañía han confirmado que Cepsa mantiene su estrategia de transformación, buscando que más del 50% de su beneficio proceda de actividades sostenibles para 2030. Sin embargo, si el panorama fiscal no ofrece la estabilidad necesaria, la empresa ha identificado posibles destinos alternativos para sus inversiones en hidrógeno en países como Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos, los cuales pasarían a acelerarse en el marco del plan estratégico ‘Positive Motion’.
El posible impacto del impuesto permanente no afecta únicamente a Cepsa. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a grandes empresas del sector como Repsol, BP, y Galp, ha expresado públicamente su oposición, advirtiendo que el gravamen podría «desalentar las inversiones en el país». La AOP estima que la incertidumbre fiscal y la prolongación de este tributo pondrían en riesgo los 16.000 millones de euros que el sector planea invertir en descarbonización de aquí a 2030.
En paralelo, Repsol también ha manifestado su rechazo a este posible impuesto permanente. La compañía, dirigida por Josu Jon Imaz, recientemente decidió destinar 15 millones de euros a un proyecto de hidrógeno renovable en su complejo industrial de Sines, Portugal, señalando la ventaja competitiva de este país en términos de estabilidad fiscal.