La inversión de 3.000 millones de euros que Cepsa había destinado al desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde se encuentra en pausa. La decisión ha sido adoptada por el consejo de administración de la empresa, que ha ordenado paralizar temporalmente el proyecto hasta que el Gobierno clarifique si prolongará el impuesto extraordinario a las energéticas, una medida vigente hasta finales de 2024.
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde es un proyecto clave en la estrategia 2030 de Cepsa y se ha diseñado para consolidar un hub de producción y suministro de hidrógeno en Andalucía, con varios centros repartidos en diferentes localidades. Entre ellas, el Parque Energético de Cepsa en San Roque, donde la compañía tenía previsto destinar 2.000 millones de euros para la instalación de capacidades de producción de hidrógeno verde y para el desarrollo de infraestructuras complementarias. La empresa estima que el proyecto podría contribuir significativamente a la independencia energética de la Unión Europea.
Ante la falta de claridad sobre la carga fiscal que afectará a las energéticas a partir de 2025, Cepsa ha decidido priorizar sus inversiones internacionales en hidrógeno sobre las nacionales. La empresa, que ha registrado pérdidas de 233 millones de euros en el último ejercicio frente a un beneficio de 1.100 millones el año anterior, ha señalado que la presión fiscal es uno de los factores que más impacto ha tenido en sus resultados, aunque también inciden los costes del proceso de transformación hacia una matriz energética más sostenible.
Además de Cepsa, otras grandes compañías del sector, agrupadas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –integrada por BP, Galp, Gunvor, Repsol, Saras y la propia Cepsa– han mostrado su rechazo al impuesto energético. A través de un comunicado conjunto, la AOP ha advertido que extender el gravamen temporal de forma permanente comprometería la competitividad del sector energético español y pondría en riesgo las inversiones necesarias para la transición hacia energías renovables, un objetivo al que la industria planea destinar más de 16.000 millones de euros hasta 2030.
La AOP reclama un marco fiscal «adecuado y estable» para fomentar las inversiones en descarbonización. La asociación sostiene que un impuesto permanente colocaría a España en desventaja frente a otros países de la Unión Europea, siendo el único Estado miembro con un gravamen energético de esta naturaleza. Asimismo, el informe Draghi sobre competitividad alerta de que los costes energéticos en Europa son superiores a los de otras regiones, como Estados Unidos y China, y recomienda limitar la carga fiscal a los sectores estratégicos.
En la presentación del proyecto en diciembre de 2022, el presidente Pedro Sánchez subrayó la importancia del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde para la transición energética de España y su papel como motor de inversión en renovables. El impuesto a las energéticas fue aprobado inicialmente como una medida temporal en 2022, con vigencia hasta 2024, y afecta tanto al sector bancario como al energético. No obstante, las señales de que podría transformarse en un impuesto permanente han generado preocupación entre las empresas, que exigen una estabilidad fiscal para avanzar con proyectos de transición energética tan ambiciosos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.