El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha urgido a la aprobación de una regulación global de los derechos de emisiones en el transporte marítimo, advirtiendo que sin ella el sector podría alejarse de los objetivos de descarbonización. Durante su intervención en un evento paralelo del Día Marítimo Mundial, organizado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en Barcelona, Puente ha señalado que una normativa fragmentada podría generar distorsiones y desviar el tráfico marítimo.
Puente ha manifestado su preocupación por el hecho de que algunos buques están modificando sus rutas para evitar las regulaciones europeas sobre emisiones, lo que, en su opinión, pone en riesgo los objetivos climáticos. «La normativa territorializada no es útil y puede crear distorsiones que nos alejarán del objetivo de descarbonización del transporte marítimo para el 2050», ha afirmado. En particular, ha alertado sobre el desvío de rutas hacia el norte de África como una consecuencia de las diferencias normativas entre regiones.
El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha respaldado la postura del ministro, subrayando la importancia de un esfuerzo global para combatir el cambio climático. «El medio ambiente no conoce de fronteras y el esfuerzo tiene que ser conjunto entre todos los países. La OMI es el marco idóneo para establecer esas limitaciones», ha señalado. Además, ha instado a la Unión Europea a fortalecer la resiliencia de sus puertos para asegurar la independencia logística y económica del continente.
En su intervención, el ministro ha hecho un llamamiento a los países de la Unión Europea para coordinarse y buscar un sistema homogéneo de derechos de emisión, conocido como ETS (Emissions Trading System). Puente ha destacado la necesidad de un acuerdo global que no perjudique a los países en desarrollo, alertando que, de lo contrario, los objetivos de reducción de emisiones no se alcanzarán.
La OMI, organismo dependiente de la ONU, ha acordado recientemente la creación de un marco global de derechos de emisiones que podría entrar en vigor en 2027, con la previsión de contar con un primer borrador jurídico en abril de 2025. El secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, ha asegurado que los plazos se cumplirán, aunque ha advertido que la transición no será inmediata. «El cambio va a tener un coste, pero la economía de escala jugará un papel clave», ha explicado Dominguez, añadiendo que la estabilidad vendrá a medida que se incremente la producción de combustibles alternativos.
Puente ha destacado que una normativa internacional unificada permitiría reducir los costes de los derechos de emisión, ya que el impacto estaría repartido a nivel global.