La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de España que se amplíen las ayudas a la flota de cerco del Golfo de Cádiz debido al adelanto de un mes en el cierre de la pesquería de boquerón, una decisión tomada por la Secretaría General de Pesca. El cierre, inicialmente previsto para el 30 de noviembre, se ha adelantado al 31 de octubre, lo que dejará amarradas a puerto a más de 80 embarcaciones en apenas dos semanas. Ante esta situación, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado la necesidad de implementar «medidas de apoyo al sector».
Fernández-Pacheco ha señalado que esta es la “primera consecuencia” del recorte de la pesquería de boquerón propuesto por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. El consejero ha criticado que esta propuesta se basa en informes científicos “no concluyentes y desactualizados”, y ha insistido en la necesidad de actualizar la evaluación del caladero para adoptar decisiones más precisas.
Reivindicaciones del sector pesquero
El consejero ha transmitido su apoyo al sector pesquero andaluz, con el que mantiene un “contacto permanente”. Esta semana se ha celebrado una reunión entre la Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul y los representantes de la flota afectada, en la que se acordó solicitar una reunión urgente con la Secretaría General de Pesca del Ministerio y el Instituto Español de Oceanografía para abordar la situación. Tanto la administración como el sector pesquero consideran necesarias medidas de apoyo económico para paliar los efectos de esta medida.
Fernández-Pacheco también ha destacado el impacto socioeconómico que supone el adelanto del cierre de la pesquería, que afecta a miles de trabajadores, no solo armadores y marineros, sino también empleados de lonjas y empresas auxiliares como envasadoras, fábricas de hilo, transporte y manipulación. La flota de cerco del Golfo de Cádiz, ya afectada por la finalización del convenio de pesca con Marruecos, enfrenta ahora una situación que el consejero ha calificado como “injusta”. Ante ello, ha insistido en que se pongan en marcha ayudas que permitan mitigar el impacto negativo de la medida sobre un sector “tan valiente y fundamental como el pesquero”.