El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado la formalización de un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este acuerdo tiene como objetivo regularizar la ocupación de una nueva parcela destinada al uso oficial de la Guardia Civil, consolidando sus funciones en el puerto relacionadas con la seguridad, el control de fronteras, y la protección de las instalaciones portuarias.
El convenio recoge las competencias de la Guardia Civil en ámbitos como la prevención y persecución del contrabando, la custodia de fronteras y aduanas, la seguridad ciudadana, la inmigración irregular y la conservación del medio ambiente, así como el control e inspección pesquera. Estas funciones continuarán desempeñándose en la nueva parcela de 2.854 m² en la zona de San Andrés, lo que permitirá el traslado de las actuales dependencias situadas en el muelle 4.
Este movimiento es clave para el desarrollo del futuro proyecto de oficinas y zona comercial en Muelle Heredia, una iniciativa recogida en el Plan Especial del Puerto de Málaga. Este proyecto busca impulsar la integración entre el puerto y la ciudad, al tiempo que dinamiza la economía y fomenta la creación de empleo local.
Avances en tecnología fronteriza con la contratación del Entry Exit System (EES)
En la misma sesión, la Autoridad Portuaria aprobó también la ordenación de la contratación para el suministro y mantenimiento de los sistemas automatizados Entry Exit System (EES). Este sistema está diseñado para registrar de manera automática los datos de entrada y salida de los pasajeros, complementando los equipos manuales actuales en los puestos fronterizos del puerto.
La implementación del EES responde al compromiso de la Autoridad Portuaria con la innovación y la mejora en la gestión de los procesos, un objetivo incluido en su Plan Estratégico. Con este sistema automatizado se espera agilizar el flujo de personas, facilitar el registro de datos y ofrecer un apoyo más eficiente al personal de información. El EES está financiado por los Fondos IGFV (Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y Política de Visados), promovidos por la Unión Europea, lo que permite a la Autoridad Portuaria avanzar en la modernización de sus infraestructuras.