La directora de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Maryluz Castillo, y la diputada de la Asamblea Nacional, Lilia Batista, se han reunido para avanzar en la implementación de una nueva ley que regule el trabajo en el mar y las vías navegables del país. Durante el encuentro también participaron Felipe Arias, subdirector de la DGGM, Mayte Burgos, jefa del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos, y Debbie Moreno, asesora legal de la DGGM.
La reunión giró en torno al Anteproyecto de Ley que establece el marco regulatorio del trabajo en el mar para naves mercantes de servicio interior en Panamá y embarcaciones de pesca comercial de bandera panameña, tanto en aguas nacionales como internacionales. El objetivo de este proyecto es modernizar la normativa vigente, actualizando el Decreto Ley de 1998, que ha regulado el sector durante más de 25 años. Se busca una ley más acorde a los avances y cambios en el ámbito laboral marítimo, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores del mar.
Castillo destacó que la modernización de esta legislación es fundamental para el crecimiento del sector marítimo, portuario y logístico, ya que permitirá fomentar la creación de empleos y atraer inversiones, mediante un marco regulatorio moderno y flexible. La AMP se ha comprometido a promover esta actualización normativa para asegurar que el sector marítimo panameño siga siendo competitivo a nivel internacional.
Por su parte, la diputada Batista valoró positivamente el diálogo entre los distintos actores involucrados, subrayando el consenso alcanzado entre empleadores, trabajadores y el gobierno. El proceso de diálogo se llevó a cabo a través de la Mesa Tripartita de Mar (METRIMAR), la cual celebró más de 105 sesiones entre julio de 2021 y enero de 2023. A través de estas mesas, se logró un acuerdo que permitió la elaboración del documento base del anteproyecto.
METRIMAR ha contado con la participación de diversas entidades, incluyendo la AMP, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en representación del gobierno. Los trabajadores estuvieron representados por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), mientras que el sector empleador estuvo representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a través de la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA).
La Universidad de Panamá, a través de la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (EI-DISTREC), actuó como moderadora de las mesas de trabajo, colaborando con la DGGM en la revisión y unificación del material consensuado. Gracias a este esfuerzo, se espera que el país cuente con una legislación que responda a las necesidades actuales del sector y que se adapte a los procesos de evolución social en el ámbito marítimo.