Cepsa, Iberia, Iberia Express, Vueling y BIOCIRC (Asociación Española de Biocircularidad) han presentado un informe que propone 16 medidas económicas, regulatorias y de colaboración público-privada para impulsar la producción y el consumo de combustibles sostenibles de aviación (SAF) en España. Esta alternativa permitiría reducir significativamente las emisiones de CO2 del sector aéreo y posicionar a España a la vanguardia europea en turismo sostenible y tecnología de aviación.
El informe, titulado «¿Cómo hacer de España el líder europeo de SAF? Hoja de ruta para acelerar la descarbonización del transporte aéreo», destaca que las condiciones disponibles en España para la producción de SAF presentan una oportunidad económica significativa. Para desarrollar esta industria, el informe estima una inversión de 22.000 millones de euros para la construcción de plantas de producción, lo que generaría alrededor de 270.000 empleos directos, indirectos e inducidos hasta 2050. Esta inversión podría tener un impacto de 13.000 millones de euros en el PIB español, a lo que se añadirían 42.851 millones de euros por la operación de estas plantas hasta 2050.
Entre las 16 medidas propuestas destaca la creación de un fondo de más de 300 millones de euros anuales para financiar la construcción de plantas de producción e incentivar el consumo de SAF
Las empresas firmantes subrayan la necesidad de establecer un marco regulatorio que ofrezca seguridad a los inversores y permita el desarrollo de tecnologías innovadoras. La producción y el despliegue de SAF son esenciales para satisfacer la demanda futura y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El informe plantea que, aunque la capacidad de producción actual mediante la tecnología HEFA podría cubrir las necesidades para 2030, sería insuficiente para 2040, especialmente ante la creciente demanda de combustibles sintéticos e-SAF obtenidos a partir de hidrógeno verde.
Para garantizar la independencia energética y la descarbonización del sector aéreo, el informe señala la necesidad de construir tres plantas de biocombustible HEFA, cinco plantas de combustible sintético y al menos 24 plantas de biocombustibles SAF AtJ (Alcohol to Jet) y FT (Fischer Tropsch). Además, se destaca la importancia de localizar estas plantas cerca de las materias primas, lo que contribuiría al desarrollo económico del entorno rural. Por ello, se considera fundamental establecer un marco jurídico que facilite las inversiones y promueva el desarrollo de nuevas tecnologías.
Entre las 16 medidas propuestas destaca la creación de un fondo de más de 300 millones de euros anuales para financiar la construcción de plantas de producción e incentivar el consumo de SAF, utilizando los ingresos de las subastas de derechos de emisión. El informe prevé que, con la hoja de ruta actual, la incorporación de SAF supondrá un sobrecoste de 5.045 millones de euros en 2040. Si no se adoptan medidas, este coste tendría que ser asumido por el sector de la aviación y los consumidores finales.
El SAF es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, como los recogidos en el paquete Fit for 55, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050. El SAF puede reducir más de un 80% las emisiones de CO2 en comparación con el queroseno convencional, contribuyendo a la transición energética y la economía circular. Sin embargo, otros países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos están adelantando a España en esta carrera, implementando incentivos económicos y regulatorios más ambiciosos.
El informe destaca la necesidad de una coordinación efectiva entre los diferentes agentes de la cadena de valor, incluyendo administraciones públicas, para desarrollar esta industria de manera sostenible. Reclama la agilización de permisos, el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias y un mecanismo europeo para la trazabilidad del SAF. Además, se subrayan las dificultades de acceso a los residuos necesarios como materia prima y la falta de incentivos u organismos centralizados para su gestión.
Las empresas firmantes instan al Gobierno español a establecer un pacto nacional y una estrategia que priorice el SAF en las políticas energéticas e industriales del país, evitando así quedarse atrás en un mercado global emergente.