La energética Cepsa ha convocado a representantes políticos y de la sociedad civil para avanzar en la electrificación del transporte en España, con el objetivo de alcanzar consensos que impulsen la movilidad eléctrica, clave para la descarbonización del sector, responsable del mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Actualmente, España se encuentra rezagada en comparación con la media europea en cuanto al despliegue de infraestructura y parque de vehículos electrificados, por lo que acelerar su desarrollo es una prioridad ambiental, económica y social.
Entre las propuestas debatidas también se ha planteado la necesidad de reducir el precio de los vehículos eléctricos
Durante el encuentro, que ha contado con la participación de actores políticos a nivel estatal, autonómico y local, así como expertos y emprendedores, se ha debatido la creación de un mapa estatal de puntos de carga públicos en carretera. Esta red incluiría todos los operadores en un sistema visible en aplicaciones móviles, siguiendo el modelo de Portugal, para ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad y estado de los puntos de recarga. Los participantes coincidieron en que una infraestructura pública amplia es esencial para reducir la dependencia de las estaciones de carga en garajes privados, opción de la que carece el 65% de los vehículos en España, a diferencia de otros países europeos.
Una red pública accesible y distribuida equitativamente, similar a la actual de estaciones de servicio de combustibles tradicionales, facilitaría la adopción de vehículos eléctricos en todo el territorio, garantizando la cobertura en zonas de alto tráfico y en áreas rurales. Expertos señalan que esto es fundamental para promover una transición energética justa que no excluya a ningún sector de la población por razones geográficas o económicas.
Entre las propuestas debatidas también se ha planteado la necesidad de reducir el precio de los vehículos eléctricos. Los participantes sugirieron reformar el sistema de ayudas, volviendo a fórmulas como el Plan Renove, donde los descuentos se aplicarían directamente en los concesionarios. Además, se propusieron incentivos como desgravaciones fiscales y estímulos a empresas para fomentar la movilidad sostenible tanto en sus flotas como entre sus empleados. También se mencionaron soluciones como el leasing social, inspirado en el modelo francés, o el carsharing de iniciativa pública.
Otro punto de consenso ha sido la urgencia de agilizar los procesos administrativos para la instalación de puntos de recarga. Los asistentes subrayaron la necesidad de homogeneizar las autorizaciones entre comunidades autónomas y crear una ventanilla única que permita unificar y acelerar los trámites. Esta medida, según los participantes, reduciría los tiempos actuales de hasta dos años para el despliegue de puntos de recarga, a pesar de que su construcción apenas lleva dos semanas. También se resaltó la importancia de incluir la infraestructura de recarga en los planes de ordenación urbana y declararla de interés general para facilitar su implementación.
A pesar de los esfuerzos en curso, España sigue lejos de los objetivos europeos de electromovilidad. En 2023, solo el 12% de los vehículos vendidos en el país eran eléctricos, en comparación con el 21% de la media europea, representando apenas el 1,2% del parque automovilístico total. Aunque en el territorio español existen más de 30.000 puntos de recarga, únicamente 2.000 son rápidos o ultrarrápidos, lo que constituye una barrera para los viajes de larga distancia.
La iniciativa «Espacios de Energía», promovida por Cepsa, pretende continuar fomentando el diálogo entre actores clave en la transición energética. En el marco de su estrategia Positive Motion, Cepsa ha desarrollado una red de recarga ultrarrápida en España y Portugal, con el objetivo de liderar la producción de hidrógeno verde y biocombustibles para descarbonizar el transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo.
