El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que reforma la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como la Ley de Navegación Marítima, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad jurídica y mejorar la competitividad de los puertos y empresas navieras españolas. Esta iniciativa, propuesta por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, busca actualizar el marco normativo de la administración marítima y crear registros más ágiles para atraer armadores y generar empleo.
Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la reforma del Registro Especial de Buques de Canarias (REC), que pretende modernizar la gestión y atraer nuevos armadores a la bandera española. Esta medida busca revertir la tendencia decreciente del número de buques registrados en el REC durante las últimas dos décadas y fomentar la creación de oportunidades laborales en el sector.
Asimismo, se crea el nuevo Registro Especial de Buques y Embarcaciones de Recreo, dirigido a facilitar la inscripción de embarcaciones destinadas a explotación comercial bajo pabellón español. Las oficinas de gestión de este registro estarán ubicadas en las Capitanías Marítimas de Ceuta y Melilla. Además, se eliminará el obsoleto régimen de importación y exportación de buques, otorgando una regulación específica a la navegación de recreo y sometiendo a los yates extranjeros de residentes en España a las normas nacionales de seguridad y protección medioambiental.
El proyecto también incluye una regulación pionera para los buques autónomos o sin tripulación, que deberán cumplir con las normas generales de navegación, al tiempo que se establece un marco específico para garantizar su seguridad. De igual forma, se otorgan nuevas herramientas a la Administración marítima para enfrentar situaciones excepcionales, como la pandemia de COVID-19 o amenazas de ciberseguridad, implementando medidas preventivas y de respuesta.
En cuanto a la Ley de Navegación Marítima, se introduce el término «habilitación» en la regulación del despacho de buques, ampliando las opciones más allá de la autorización tradicional e incluyendo declaraciones responsables para agilizar este trámite. Además, se implementa un nuevo Certificado de Registro, que reemplaza a los actuales Certificados de Matrícula y la Patente de Navegación, unificando la documentación de los buques españoles conforme a estándares internacionales.
La reforma también aborda el problema de los impagos y el abandono de embarcaciones de recreo en puertos deportivos, con la introducción de un capítulo sobre certificación pública de expedientes en estos casos, buscando así resolver un grave problema económico y medioambiental.
Por último, se realizan ajustes en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incluyendo la mejora de la tramitación de expedientes de obras, contratos y trámites medioambientales. También se aclaran aspectos relacionados con tasas de ocupación, actividad y ayudas a la navegación de embarcaciones deportivas y de recreo.
En definitiva, esta reforma integral del Derecho Marítimo español busca actualizar y adecuar las normativas a las nuevas realidades del sector, reforzando la seguridad jurídica y mejorando la competitividad de los puertos y empresas navieras del país.
