La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha avanzado en la implementación de un sistema de cita previa para la recepción y entrega de contenedores en las terminales del puerto. Durante el útimo Consejo de Administración, se ha aprobado la extensión del plazo para la ejecución del contrato del software que gestionará estas citas, el cual se encuentra actualmente en fase de prueba. Una vez operativo, este sistema permitirá a los transportistas recoger las cargas en el día y la hora programada, evitando colas y agilizando el tráfico en el Puerto de Las Palmas.
En la misma sesión, el Consejo ha autorizado nuevas solicitudes de concesión de dominio público a empresas ubicadas en el Muelle Deportivo. Esta medida, puesta en marcha por la Autoridad Portuaria en abril pasado, busca ofrecer seguridad jurídica y garantías a los empresarios durante los próximos tres años. Hasta la fecha, el 92% de las empresas del muelle se han acogido a esta iniciativa.
Por otro lado, Puertos de Las Palmas ha renovado el convenio con la Cámara de Comercio de Lanzarote para la gestión conjunta del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) por un período adicional de cuatro años. Respecto al PIF de Fuerteventura, se ha delegado en la presidenta Beatriz Calzada la competencia para aprobar el convenio entre la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Fuerteventura y la Cámara de Comercio de la isla.
Asimismo, se ha concedido una prórroga de tres meses a Rodritol S.L. para finalizar las obras del ‘Proyecto de Obra Marina’, con fecha límite el 7 de octubre de 2024, y otra prórroga de seis meses para el ‘Proyecto de Urbanización’, cuya nueva fecha de finalización es el 26 de diciembre de 2024. La empresa está desarrollando un centro náutico en el Muelle del Refugio del Puerto de Las Palmas para atender a embarcaciones deportivas y profesionales.
Finalmente, el Consejo ha autorizado a la Empresa de Transformación Agraria S.A (TRAGSA) a actuar como medio propio de la Autoridad Portuaria en casos donde las empresas privadas no quieran realizar trabajos necesarios. Esta medida ha sido calificada como excepcional por la presidenta Beatriz Calzada, quien ha explicado que ya se han dado dos casos de licitaciones desiertas: la mejora de la baliza de Punta Pesebre y las mejoras del faro de Punta Jandía, ambos con un plazo de ejecución de cinco meses. Ante esta situación, la Autoridad Portuaria revisará los precios y evaluará la posibilidad de agrupar proyectos para hacerlos más atractivos a las empresas.
La presidenta ha subrayado que la complejidad de las obras debido a la ubicación de los faros ha llevado a autorizar a TRAGSA como una solución excepcional y que solo se utilizará si no hay empresas privadas interesadas en los proyectos.