Hace once años, el 24 de julio de 2013, se produjo un incidente significativo en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar, involucrando a pescadores españoles y las autoridades gibraltareñas. Este conflicto surgió cuando un remolcador gibraltareño lanzó bloques de hormigón al fondo marino, provocando una fuerte reacción por parte de los pescadores españoles y una respuesta defensiva de las autoridades de Gibraltar.
El patrón del barco pesquero Divina Providencia, Francisco Gómez, alertó en esa ocasión a la Guardia Civil denunciando lo que consideraba una «nueva provocación» de Gibraltar, argumentando que los bloques de hormigón estaban destinados a espantar a los peces del caladero. Según Gómez, el remolcador, identificado como Elliot, lanzó más de 20 bloques de gran tamaño con puntas de hierro al mar.
La Guardia Civil respondió enviando una patrullera a la zona para investigar la situación. Al llegar, la patrullera preguntó al remolcador sobre su actividad, pero este no respondió y abandonó el lugar. Testigos presenciales indicaron que posteriormente una embarcación de la Policía de Gibraltar se acercó para conocer los detalles del incidente, sin que se registraran momentos de tensión entre las partes.
Gómez, quien había tenido varios enfrentamientos previos con la Policía gibraltareña y estaba acusado de infringir las leyes de pesca del Peñón, expresó su preocupación por la pérdida del caladero en la zona conocida como Campo de la Virgen. El patrón afirmó que los bloques de hormigón, con puntas de hierro sobresalientes, impidieron el uso de redes de pesca, afectando negativamente la subsistencia de los pescadores locales.
El incidente marcó un deterioro en las relaciones entre pescadores españoles y las autoridades gibraltareñas, ya que los pescadores consideraban que se había perdido un importante caladero, lo que representaba un «duro golpe» para su actividad pesquera.
En respuesta, las autoridades de Gibraltar emitieron un comunicado denunciando la «interferencia» de la Guardia Civil. Según el gobierno de Gibraltar, la empresa contratada para construir los arrecifes estaba autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y su trabajo tenía como objetivo aumentar la biodiversidad y proporcionar refugio a diversas especies marinas.
El comunicado de Gibraltar también afirmó que la patrullera de la Guardia Civil obstaculizó la labor de la empresa contratada, lo que impidió la conclusión de su tarea prevista. Las autoridades gibraltareñas informaron al Gobierno del Reino Unido sobre el incidente y se comprometieron a tomar las acciones necesarias para resolver la situación, asegurando que los trabajos de construcción de los arrecifes continuarían según lo requerido. Días después, los bloques lanzados al mar por el Gobierno de Gibraltar llegaron a sumar hasta 70. Unos bloques que aún continúan en el fondo del mar.