La Comisión Europea ha iniciado este miércoles la Alianza Europea de Puertos, un esfuerzo colaborativo para enfrentar la creciente preocupación de la Unión Europea respecto a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Este problema se ha intensificado notablemente en los últimos años, evidenciado por el aumento récord en las incautaciones de cocaína.
La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha destacado en la presentación de la alianza, la importancia de la cooperación entre las autoridades nacionales y europeas para contrarrestar estas organizaciones. Johansson ha señalado la vulnerabilidad de los puertos pequeños de la UE, que podrían ser elegidos por los criminales para eludir los controles más estrictos en puertos mayores.
La comisaria hizo hincapié en la presencia creciente de cocaína en el mercado europeo, con más de 300 toneladas incautadas anualmente en los últimos años. Mencionó el caso de Bélgica, donde solo en el puerto de Amberes-Brujas se incautaron 121 toneladas de cocaína en 2023, marcando un aumento del 10% respecto al año anterior. Johansson subrayó que la defensa de las democracias europeas es un factor clave en la toma de estas medidas.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, participó en la reunión en Amberes con otros ministros del Interior de la Unión Europea, donde se aprobó formalmente la Alianza Europea de Puertos. Esta reunión, organizada por la presidencia belga de la UE, es parte de un encuentro informal de ministros que se celebrará en Bruselas. Representantes de los principales puertos europeos, incluyendo los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona, fueron invitados a la reunión de este miércoles para discutir y coordinar esfuerzos en esta importante iniciativa.
La Alianza Europea de Puertos, que surge como una respuesta a las prioridades del Plan de trabajo de la UE contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, se centrará en aumentar la resiliencia de los puertos a través de distintas estrategias. Entre estas se incluye la movilización de los servicios aduaneros, el incremento de operaciones policiales a través de la plataforma EMPACT y Europol, y el fomento de la cooperación público-privada para involucrar activamente a las autoridades portuarias y al sector privado en la lucha contra el crimen organizado.