La ONG SEO/BirdLife ha solicitado al Gobierno que adopte con celeridad una legislación que asegure un desarrollo de la energía eólica marina compatible con la protección de la biodiversidad. Aunque valora la energía eólica marina como una solución en la transición energética, la organización insiste en la importancia de minimizar el impacto de estos proyectos sobre los ecosistemas.
SEO/BirdLife señala que la actual planificación de la explotación eólica marina, contemplada en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), representa un riesgo en áreas críticas para la biodiversidad. Aduce que si este tipo de energía no se desarrolla de forma responsable, se podrían comprometer otros objetivos medioambientales, como la protección del 30% de los océanos y la recuperación de la biodiversidad.
Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, ha manifestado que es crucial una normativa que abarque tanto la planificación como la gobernanza de las energías renovables marinas. «Esto asegurará que la expansión de proyectos eólicos en alta mar sea sostenible, protegiendo al mismo tiempo nuestro valioso entorno marino y su biodiversidad», señaló.
En el último mes, la ONG ha participado en consultas previas de cuatro grandes proyectos eólicos marinos, algunos incluso ubicados fuera de las zonas designadas y en áreas de alta sensibilidad ambiental. Estos proyectos suman más de 2300 MW repartidos en 130 aerogeneradores, y su instalación y operación suponen un alto riesgo para la biodiversidad marina en esas áreas, especialmente para las aves marinas.
Entre los proyectos que generan preocupación en SEO/BirdLife se encuentran el parque eólico marino La Pinta en el Mar de Alborán y el parque eólico Almadraba en la demarcación sur atlántica, ambas áreas de paso para muchas especies de aves marinas que atraviesan el Estrecho de Gibraltar. Asimismo, ha expresado inquietud por el parque eólico El Cano en Galicia, que se sitúa cerca de uno de los grandes corredores de aves migratorias.
La organización ha presentado objeciones a 18 proyectos por considerar que no se ajustan a la ordenación aprobada y pide que se revisen las zonas dentro de los POEM en las que se sitúan estos proyectos. Además, solicita una normativa que defina un sistema de subastas que priorice los criterios ambientales y sociales, y aboga por aplicar el principio de precaución con proyectos experimentales para mejorar el conocimiento de los impactos potenciales sobre la biodiversidad.