La Comisión Europea ha anunciado tomará medidas legales contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La razón detrás de esta acción se relaciona con la falta de transposición de la directiva que establece un espacio ferroviario europeo único en la legislación nacional de España, una obligación que los países de la Unión Europea debían cumplir desde 2015.
Este proceso comenzó en mayo de 2018, cuando Bruselas inició un procedimiento sancionador contra España. Desde entonces, ha habido un diálogo formal entre ambas partes para evaluar el progreso en la transposición de la directiva. A pesar de las notificaciones de nuevas medidas por parte de España en diciembre del año pasado, la Comisión Europea ha considerado que estas medidas son insuficientes y, por lo tanto, ha decidido llevar el caso ante la Justicia europea.
El objetivo de la directiva, que entró en vigor en 2015, es establecer un marco competitivo uniforme en el sector ferroviario europeo. Esto incluye la aplicación de las mismas reglas financieras y de control en toda la industria, así como la regulación de las competencias de los organismos de control, las inversiones y el acceso a las infraestructuras ferroviarias.
En el caso de España, la Comisión Europea ha señalado que su marco regulatorio ferroviario incumple varias disposiciones de la directiva, especialmente en lo que respecta a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras. Esto incluye cuestiones relacionadas con la determinación de los cánones por el uso de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias bajo principios comerciales y la redacción adecuada de los acuerdos contractuales.
A pesar de las modificaciones realizadas por España en relación con los cánones por el uso de infraestructuras, parece que el nuevo sistema aún no está plenamente operativo debido a una disposición transitoria que suspende las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras las apruebe en un plazo no especificado por ley.
En este contexto, la Comisión Europea advierte que, a menos que se tomen medidas rápidamente, los cánones de acceso por vía férrea podrían considerarse impuestos de facto y estar incluidos en las leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025. Esto podría llevar a que el antiguo sistema se aplique hasta ese momento, lo que impediría a las empresas ferroviarias impugnar los cánones de acceso en los tribunales españoles, ya que estarían respaldados por una ley.
Además, la Comisión no ve garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias, y considera que faltan elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno y los administradores de infraestructuras, incluyendo indicadores de rendimiento relacionados con la eficiencia y la reducción de costos de acceso.