La disputa por la jurisdicción de las aguas en torno al Peñón de Gibraltar ha desencadenado un reciente episodio de tensión entre las autoridades gibraltareñas y españolas. El Gobierno liderado por Fabian Picardo ha expresado su descontento debido a la incursión de una embarcación española del Servicio de Vigilancia Aduanera en las aguas que Gibraltar considera como propias. El incidente tuvo lugar en la noche del pasado lunes, cuando la embarcación española persiguió a un buque auxiliar con base en el puerto gibraltareño.
Según el Servicio de Aduanas de Gibraltar, el buque en cuestión estaba involucrado en una «transferencia legítima de tripulación a un buque mercante», pero su sistema de luces de navegación y su Sistema de Identificación Automática estaban apagados. Estas condiciones atrajeron la atención de las autoridades españolas, quienes iniciaron la persecución del buque, conocido como ‘Ultimate Predator’.
De acuerdo con la denuncia del Gobierno de Gibraltar, un agente español «retuvo ilegalmente a un miembro de la tripulación del buque gibraltareño», a pesar de «carecer de jurisdicción» en esas aguas, lo cual ha sido lamentado por las autoridades gibraltareñas.
El Servicio de Aduanas de Gibraltar admitió que había registrado la falta de luces de navegación y la ausencia de identificación en el Sistema Automático, pero después de investigar el buque y rastrear sus movimientos, se confirmó que la actividad se limitaba a una «transferencia legítima» de tripulación a un buque mercante. El único problema fue atribuido a un «mal funcionamiento» de los sistemas automáticos de identificación e iluminación.
Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar, calificó el incidente como «inaceptable» y subrayó que situaciones como esta reflejan la «incapacidad» de las fuerzas de seguridad españolas para reconocer que sus límites territoriales de jurisdicción no se extienden a las aguas de Gibraltar, indudablemente británicas.
El Gobierno de Gibraltar ha comunicado esta cuestión al Reino Unido, que ha confirmado su intención de presentar una protesta formal ante el Gobierno de España debido a la «gravedad» que atribuyen a esta acción, que consideran «ilegal». La situación agudiza la tensión en la zona y pone de manifiesto la persistente controversia en torno a la soberanía de las aguas marítimas próximas al Peñón.