La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha anunciado la reanudación parcial del servicio de prácticos en las instalaciones portuarias tras las medidas tomadas por la propia Autoridad Portuaria y a la colaboración de algunos miembros de la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla.
La APS también ha confirmado el inicio de un expediente sancionador contra la Corporación de Prácticos y la Ría del Guadalquivir por «infracción grave», así como la presentación de una denuncia ante la Fiscalía. Según la Autoridad, el grupo de prácticos decidió interrumpir sus servicios a partir de las 00:00 horas del 15 de mayo, en una maniobra de presión para exigir un aumento salarial del 40%. Se estima que la posible sanción podría ascender a tres millones de euros.
Además de la sanción, el procedimiento incluirá una indemnización por los daños y perjuicios causados por la paralización de la actividad portuaria. La APS señaló que el pasado domingo pidió formalmente a la Corporación de Prácticos que continuara con el servicio, que está sujeto a obligaciones de servicio público, pero la petición fue ignorada.
Como resultado, la actividad portuaria se ha visto afectada y varios buques están actualmente anclados, esperando poder acceder a los muelles de Sevilla. A causa de estos perjuicios, la Autoridad Portuaria ha presentado una denuncia adicional ante la Fiscalía, subrayando los efectos y las responsabilidades patrimoniales que puede estar incurriendo el bloqueo de la actividad portuaria.
Todos estos hechos han sido informados por los máximos responsables de la APS a Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, la Capitanía Marítima y la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Este conflicto surge de las demandas económicas del grupo de prácticos para continuar prestando el servicio, en el contexto de la emisión del nuevo pliego de condiciones del servicio de practicaje y la renovación de la licencia. El colectivo exige un aumento del 40% en las remuneraciones de los prácticos, lo que supondría salarios brutos individuales de alrededor de 190.000 euros al año, más un 4% de beneficio industrial adicional. Además, se ha revelado que este colectivo se organiza internamente con periodos de descanso de quince días al mes.
La APS ha argumentado que desde el inicio de las negociaciones con la Corporación de Prácticos, ha promovido la colaboración para trabajar de forma conjunta y llegar a un acuerdo que garantice la competitividad de las empresas portuarias, ya que estos aumentos afectan directamente el coste total de la escala de un buque. Sin embargo, la corporación de prácticos ha causado importantes demoras en los buques, situación que se ha agravado desde finales de 2022.
Además, la Autoridad Portuaria está considerando tomar medidas adicionales. Con el asesoramiento de la Abogacía del Estado, estudia la posibilidad de informar a Puertos del Estado sobre las prácticas que podrían ser contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que podrían alterar la libre competencia, para que este organismo lo eleve a la Comisión Nacional de la Competencia.
Este es un desarrollo en curso y la Autoridad Portuaria de Sevilla continuará tomando medidas para garantizar la continuidad del servicio portuario, y defender la competitividad de las empresas portuarias frente a las demandas salariales del colectivo de prácticos.
Actualmente, la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir tiene la licencia para prestar el servicio de practicaje, y agrupa a los doce profesionales que prestan este servicio, siendo los únicos habilitados en el Puerto de Sevilla.