El sector pesquero ha vuelto a solicitar garantía de seguridad jurídica para sus empresas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados en la que ha comparecido Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), en representación de este. En su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Garat ha invitado a los políticos a aprovechar la oportunidad que representa este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector “del que nuestro país puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea, y de una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos, como los que estamos viviendo desde hace más de dos años”.
Durante su intervención, Garat ha solicitado a los grupos políticos un espíritu constructivo y el máximo esfuerzo para consensuar el texto de la Ley, aceptando las propuestas de enmiendas planteadas por el sector pesquero representado por Cepesca.
Javier Garat también ha apuntado en el Congreso de los Diputados que la propuesta, en su versión actual, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras de nuestro país al no explicitarse que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente. Garat ha llamado la atención sobre el hecho de que el sector lleva dos décadas regido por un reparto concreto (Ley de Pesca de 2001) que ha definido la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, familiares mayoritariamente, y que no respetarlo supondría un escenario inestable que atentaría contra la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.
Además, se modificaría la solvencia de los armadores y se dificultaría su acceso al crédito. Garat resaltó que algunas de las posibilidades de pesca han sido adquiridas con fondos propios, pero también con préstamos bancarios y que, en este último caso, el sistema financiero toma como referencia y a veces como garantía, la valoración del activo, en este caso las cuotas de pesca. Por lo tanto, esgrimió Garat, su modificación condicionaría negativamente las siguientes operaciones y las condicionaría en el futuro.
Por ello, el secretario general de Cepesca ha solicitado que se recoja “expresamente y con claridad” que los repartos de las posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor del proyecto de Ley mantengan totalmente su vigencia. “Si no hay seguridad jurídica el sistema se derrumba”, añadió Garat.
Reserva de posibilidades de pesca
Garat también ha apuntado que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca que establece el nuevo texto normativo es excesiva teniendo en cuenta que en los últimos años la Administración se ha reservado un máximo de entre un 2% y un 3%. El sector pesquero volvió a solicitar que este porcentaje no supere, por lo tanto, el 3%, ante las disfunciones que crearía su modificación.
En ese mismo artículo del Proyecto de Ley, se prevé la posibilidad de permitir la inclusión de barcos sin historicidad en una pesquería determinada, lo que, a juicio del sector, no es razonable, pues “podría dar lugar a una entrada indiscriminada de buques, creando, de nuevo, inseguridad jurídica para las empresas”, ha señalado el secretario general de Cepesca.
El sector también mostró ante la Comisión preocupación por el tratamiento de la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, ya que el texto actual establece la posibilidad de “expropiarlas” sin compensar a las empresas que no las usen durante dos años consecutivos. Según ha expuesto Garat, “hay que conocer las causas reales que llevan a la existencia de posibles excedentes, y sería más adecuado regular este procedimiento a través de un Real Decreto u Orden Ministerial. Además, -ha añadido-, es injusto que las inversiones, en ocasiones muy importantes, realizadas por los armadores para adquirir posibilidades de pesca, puedan darse a otros actores por no utilizarse en momentos puntuales”. “Somos los primeros interesados en usar al máximo las posibilidades que la UE concede a España, pero necesitamos flexibilidad y políticas que favorezcan los intercambios y una pesca sostenible, pero también rentable”, ha subrayado.
Garat ha llamado así mismo la atención de la Comisión ante el error que supone eliminar del proyecto de ley el artículo 64 actual sobre la adopción de medidas para el fomento de las sociedades mixtas. Según los pescadores son importantes para crear empleo y riqueza dentro y fuera de España y contribuyen de manera decisiva al abastecimiento de pescados y mariscos al mercado español y a la soberanía alimentaria de la UE.
Aspectos positivos
Por otra parte, Garat ha apoyado ante los parlamentarios la relevancia que se otorga en el Proyecto de Ley a la investigación pesquera y “la inclusión de nuevos grupos laborales en los coeficientes reductores, lo que incrementa la protección y el adelanto de la jubilación de colectivos de mujeres como las mariscadoras, rederas, neskatillas o empacadoras”, ha indicado en su comparecencia. Igualmente, el sector ha expresado su acuerdo en la regulación que introduce el texto para la pesca recreativa, los recursos genéticos y la creación de un foro asesor de pesca.
Garat ha concluido su intervención apuntando que la tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible es una oportunidad para alcanzar un consenso entre el sector, el Gobierno y los diferentes grupos políticos, lo que, a su juicio, “aseguraría que la nueva Ley, en lugar de generar conflictos, fuera un éxito perdurable en el tiempo”.
