Aunque las analíticas de control que realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible parecen indicar que la depuradora de Sanlúcar cumple la normativa de depuración, sin embargo, los datos de la Declaración Anual de Vertido del Ayuntamiento de Sanlúcar de 2021 señalan otra realidad muy diferente. El ayuntamiento y la empresa concesionaria (Aqualia) declaran que durante 10 días del año 2021, con coeficientes de marea mayores o iguales a 90, realizaron bypass (desvíos) a la entrada de la depuradora para evitar que entrara agua salada a la misma, lo que significa que las aguas residuales de la ciudad no se depuraron y se vertieron a través del emisario de forma masiva.
Ecologistas en Acción estima que esos vertidos alcanzaron los 80.000 m³ durante el año 2021, unos 1.200 litros por habitante y año. No obstante, existen indicios de que los vertidos han podido ser mucho mayores, ya que durante el año 2021 ha habido 52 días con coeficientes de marea superiores a 90. Y el Ayuntamiento no da ninguna explicación a por qué los vertidos por entrada de agua salada se limitan solo a 10 días.
Además, el Ayuntamiento y Aqualia reconocen, sin cuantificarlos, otros vertidos a través de la depuradora. Por tanto la depuradora tampoco ha tratado parte de las aguas residuales que le llegaban durante los frecuentes episodios de lluvias (29 episodios entre 2021 y lo que llevamos de 2022 con lluvias de más de 8 litros/m2) y las ha desviado hacia el emisario sin depurarlas, vertiéndolas al estuario del Guadalquivir.
Ecologistas en Acción estima que alrededor de un 10 % de las aguas residuales que han llegado a la depuradora han sido desviadas y vertidas a la desembocadura sin depurar.
Por otra parte, cada vez que llueve, aunque sean lluvias moderadas de de menos de 20 L/m2 (como ocurrió el 9 de mayo y el 18 de junio de 2021) se producen grandes vertidos de sólidos y aguas residuales sin depurar a la playa, a través de 4 aliviaderos (3 con autorización de vertido y 1 sin ella) y por los arroyos urbanos de San Juan y Salto del Grillo; vertidos que incumplen todos los condicionantes legales o, en el caso de los arroyos y el aliviadero de Bonanza, carecen de autorización de vertido desde 2012.
Todos estos incumplimientos han provocado más 15 expedientes sancionadores desde el año 2013 por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente (ahora de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). Una sentencia reciente del TSJA obliga a la Consejería de Desarrollo Sostenible a concluir estos expedientes cuyo procedimiento se ha venido alargando en el tiempo sin ninguna justificación. Como resultado, al menos uno de ellos, por falta grave (vertidos directos e indirectos a la playa) se ha resuelto recientemente con el pago de una multa de 20.000 € por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar.
Entre los años 2010 y 2018, Ecologistas en Acción concedió “Bandera Negra” a este conjunto de playas por los vertidos masivos muy mal depurados al litoral. En el año 2019 rebajamos la calificación a “Punto Negro” reconociendo la mejora en el funcionamiento de la depuradora pero avisando que los vertidos directos a la playa y los que se producen al estuario por “desvíos” no eran admisibles y debían ser corregidos. Sin embargo la situación no mejora debido al muy deficiente estado de la red del alcantarillado y a la falta de capacidad de la depuradora cuyo traslado parece dilatarse en el tiempo. La plataforma Agua Clara de la que forma parte Ecologistas en Acción de Sanlúcar ha iniciado una campaña de recogida de firmas para denunciar públicamente esta situación.
