La Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de la Aduana de Algeciras, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia algecireña de la Guardia Civil, ha intervenido, en el marco de la operación «Boukali», más de 200 toneladas de residuos altamente contaminantes que llegaron al puerto de Algeciras en contenedores marítimos, con destino a África.
Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2021, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización que estaba utilizando rutas de exportación desde el territorio nacional y el resto del continente europeo hacia países africanos, para transportar, en el interior de contenedores marítimos, «grandes cantidades de residuos no descontaminados», lo que suponía «un grave riesgo para el medio ambiente».
Desde el instituto armado afirman que, una vez recopilaban la cantidad suficiente de residuos, la cargaban en un contenedor hasta completar su capacidad total, llegando en algunos casos incluso a superar la capacidad máxima de carga, lo que suponía «un riesgo para los propios buques portacontenedores», según ha subrayado la Guardia Civil, que al respecto ha destacado que se han llegado a intervenir 33 toneladas de residuos en un solo contenedor.
Una vez cargados los residuos, los contenedores se trasladaban mediante buques portacontenedores a países africanos, concretamente, Senegal, Guinea, Nigeria, Ghana y Mauritania. En estos países los residuos son manipulados por trabajadores sin ninguna protección. Asimismo, utilizan la quema sin control para extraer los materiales de interés, liberando a la atmósfera todo tipo de humos y gases contaminantes.
Se han recuperado 588 bombonas de butano y propano propiedad de mercantiles dedicadas a la venta de combustibles, que habían denunciado su robo, imputándole por este hecho a los investigados un presunto delito de receptación.
Entre los materiales también se encontraban multitud de piezas residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), continentes de gases refrigerantes y sustancias peligrosas, que influyen en el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento global, además de ser perjudiciales para la salud humana si no reciben la gestión y el tratamiento adecuados.
Asimismo, se han intervenido cinco vehículos preparados para su exportación, los cuales incumplían el reciente Real Decreto 265/2021 sobre los vehículos al final de su vida útil.
La totalidad del material intervenido ha sido puesto a disposición judicial, para que se autorice su entrega en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su gestión y descontaminación.
Estos traslados incumplían el amplio catálogo tanto de normativa, tanto comunitaria como nacional, en materia de tratamiento de residuos y medioambiente, ya que no adjuntan documentación alguna o aportan, en ocasiones, certificados de descontaminación sin validez alguna.
A la vez, esta práctica supone un grave riesgo para el medioambiente, al producirse derrames de sustancias altamente contaminantes como aceites industriales, o la fuga de gases refrigerantes.