La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha decidido no adjudicar, finalmente, el servicio de apoyo administrativo para la gestión de autorizaciones y control de accesos que había licitado por un total de 141.145 euros, al considerar que los trabajos podrán ser ejecutados por personal propio, ya que a APBA ha convocado pruebas selectivas para cubrir trece plazas de personal laboral fijo en la categoría de administrativo, con fecha 7 de marzo de 2022, estando previsto que algunas de ellas estén asignadas al Departamento para dar cobertura a las necesidades objeto de dicha contratación y mientras se asignan las nuevas plazas, las tareas seguirán siendo realizadas por personal integrante de la bolsa de trabajo de administrativo.
La Comisión encargada de la contratación de este servicio considera que ha decaído la necesidad de continuar con el procedimiento de licitación, dado que con la incorporación de personal fijo en la APBA y, especialmente en dicho Departamento, se podrán acometer con todas las garantías las prestaciones objeto de dicho servicio que consisten, entre otras, en dar cobertura administrativa a las solicitudes de autorización de accesos de personas y vehículos en las instalaciones portuarias, así como auxiliar al Departamento de Protección y Seguridad Portuaria en el proceso de su concesión, cotejando datos y verificando el cumplimiento de los requisitos asociados; para lo cual, la empresa adjudicataria debía adscribir un equipo de profesionales cualificados. En este sentido, el contrato venía motivado por la insuficiencia en medios humanos para asumir la carga de trabajo adicional por parte de la APBA y el Departamento, carga de trabajo que podrá ser asumida, en breve, por el nuevo personal.
El servicio de apoyo para la gestión de autorizaciones y control de acceso al Puerto de Algeciras consiste en implementar las medidas preventivas de todos los procesos que se derivan de la aplicación de la norma por la que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo, y en la Ley 8/2011, de 28 de abril de Protección de Infraestructuras Críticas.