El presidente de Consejo de la Organización Marítima Mundial (OMI), el algecireño Víctor Jiménez, ha realizado una visita a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), donde ha mantenido un encuentro con el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce y José Luis Hormaechea, quienes le han trasladado su preocupación respecto a la inclusión del sector marítimo en el Emissions Trading System (ETS).
La futura norma europea de emisiones esta integrada en el denominado Pacto Verde Europeo (Green Deal), que adopta una serie de propuestas que integran al transporte marítimo al objeto de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030.
El Puerto de Algeciras apoya firmemente esta meta, muestra de ello es su adhesión a la iniciativa Call to Action, que busca la total descarbonización del transporte marítimo para 2050, pero desde el anuncio de la propuesta (julio 2021) viene alertando de las consecuencias negativas que tendría principalmente para los puertos del Sur de Europa si se aplica tal y como está planteada.
En este sentido, el Puerto de Algeciras insiste en que el planteamiento inicial provocaría una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para disminuir el pago de los derechos de emisión, lo que se traduciría en una “fuga de emisiones de carbono, cuando el medio ambiente es el mismo, por lo que las emisiones no se reducirán mientras el daño económico y laboral a los puertos con actividad de transbordo en Europa será irreversible, perjudicando igualmente los tráficos de importación y exportación”, ha explicado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.
Tras la presentación de alegaciones el pasado mes de noviembre junto a asociaciones empresariales, sindicatos e instituciones del sector, la APBA trabaja en la redacción de enmiendas a la norma junto a Puertos del Estado, las Autoridades Portuarias de Valencia y Barcelona, así como la Dirección General de la Marina Mercante. Propuestas que han trasladado en las últimas semanas a la Oficina Española de Cambio Climático, parlamentarios europeos, la Organización Europea de Puertos (ESPO) o la propia Comisión Europea.
