Luis Planas y el ministro del Mar de Portugal, Ricardo Serrao Santos, han firmado en Luxemburgo la renovación del acuerdo de pesca que regirá las condiciones de la actividad pesquera de las flotas española y portuguesa en las aguas limítrofes de ambos países. El texto tiene que ser ahora ratificado por los parlamentos de ambos países y se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2022.
Entre los principales aspectos que recoge este acuerdo, que tiene una vigencia de cinco años, prorrogables a dos más, destaca que los buques de arrastre de cada país deberán respetar los horarios establecidos de actividad para esta modalidad en las aguas del otro país. En el caso de la actividad pesquera de arrastre que se pueda realizar los fines de semana, las capturas sólo se podrán descargar en los puertos del otro país a partir de las 00:00 horas del martes. Esta medida responde a una de las reivindicaciones realizada por la flota española, que está obligada a parar por normativa nacional durante el fin de semana, a diferencia de la flota portuguesa, que no lo tiene prohibido.
Asimismo, se incluye la autorización para desembarcar en puertos españoles y portugueses, con independencia de donde vaya a realizarse posteriormente la primera venta. Los buques deberán pagar las tasas del país donde se realice el desembarque y acompañar las capturas con un documento de transporte hasta el lugar de la primera venta.
Además, se incluyen medidas técnicas, como la prohibición del tren de bolos en las aguas españolas; la armonización de medidas de gestión, como la veda biológica para el arrastre en otoño del golfo de Cádiz; el mantenimiento de las principales posibilidades de pesca en forma de número de licencias hasta ahora establecidas para ambas flotas, tanto en las aguas continentales como en las de los acuerdos fronterizos del Miño y el Guadiana. Además se refuerzan los aspectos de coordinación e intercambio de información entre ambas partes para el seguimiento de la actividad pesquera de las flotas en las aguas de la otra parte.
Planas ha subrayado la importancia de este acuerdo que «da continuidad al suscrito en 1986», además, ha remarcado que «mejorará la gestión de la pesca y dará estabilidad a los buques pesqueros de ambos países». El acuerdo tiene una vigencia de cinco años desde su entrada en vigor, prorrogables a dos más.
Estas medidas dan respuesta a las demanda del sector español, especialmente a la flota de arrastre del Cantábrico Noroeste y las flotas de cerco y arrastre del Golfo de Cádiz, que han venido solicitando un acuerdo estable, duradero y en igualdad de condiciones con la flota del país vecino.