Los trabajadores de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias van a percibir los atrasos de las retribuciones que venían percibiendo el resto de los empleados públicos en el ejercicio 2020 y que van a poder acceder a la adecuada cualificación profesional que requiere el buen funcionamiento de los puertos. Esto supone que se dota de una adicional económica del 1,6%, con carácter anual, para implantar medidas de productividad y para formar y cualificar a la plantilla de los puertos, cuestión que, debido al retraso en la autorización del Convenio, se había constituido en una reclamación inaplazable, tanto por parte de los trabajadores como de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado.
Tras la firma del III Convenio Colectivo de los puertos en abril de 2019 y su publicación en el BOE en junio de ese mismo año, han sido necesarios dos años de dura negociación y presión de los sindicatos firmantes, UGT, CCOO y CIG, para poder desbloquear la preceptiva autorización de las partidas económicas pactadas.
Una negociación que desembocó a finales de 2020 en movilizaciones de los citados sindicatos, un encierro en la sede de Puertos del Estado durante diecisiete días y unos acuerdos que quedaron plasmados en sendas actas de 11 de febrero y 24 de marzo de 2021, que continuaban sin cumplirse.
La semanada pasada UGT, CCOO y CIG anunciaron que retomarían las movilizaciones, concentrándose a las puertas del Congreso de los Diputados el próximo día 16 de junio, exigiendo responsabilidades y llevando el conflicto a los puertos, ahora que podía retomarse, en cierta medida, el tráfico de cruceros. En este periodo, han sido necesarias, según exponen los sindicatos, innumerables reuniones con gran parte del arco parlamentario, tanto de índole nacional como autonómico, con grupos políticos, con altas instancias de todos los ministerios implicados, Proposiciones No de Ley introducidas en los parlamentos autonómicos, comunicados, cartas, notas de prensa y un sinfín de actuaciones y de presión que finalmente han dado sus frutos.
Los puertos de interés general del Estado no dependen de los Presupuestos Generales del Estado, ya que se autofinancian, generan beneficios económicos anuales de en torno a los 300 millones de euros, incluso en el ejercicio 2020 se cifró ese beneficio en 104 millones de euros, a pesar de la crisis generada por la pandemia y que, como el propio proyecto de Marco Estratégico del sector establece, es imprescindible responder a las exigencias del mercado (digitalización, intermodalidad, medioambiente, seguridad, control del tráfico marítimo…).
Se trata de un Convenio con una vigencia de ocho años, ya que era necesario un marco jurídico claro y amplio para solventar las ineficiencias generadas por el periodo de austeridad que sumió al sector, desde 2010, en una profunda crisis de relaciones laborales y la imposibilidad de adaptar los puestos de trabajo a lo que reclama la prestación de los servicios que tienen encomendados por la Ley de Puertoslas Autoridades Portuarias.
Desde los sindicatos se considera el desbloqueo de la preceptiva autorización de las partidas económicas pactadas en el Convenio Colectivo, una buena noticia para los trabajadores, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, que van a poder afrontar los retos que exige un mundo globalizado muy competitivo, adecuando su mayor recurso, las personas, a sus necesidades operativas en un marco de relaciones laborales estable.