El sector pesquero del Mediterráneo andaluz ha paralizado este viernes su actividad para protestar por el plan de gestión de demersales de la UE ya que su aplicación va a suponer la «desaparición» de la flota de arrastre compuesta por unas 92 embarcaciones en la región, que dan lugar a unos 500 empleos directos y otros 3.000 indirectos.
«El arrastre es el pulmón del sector pesquero y es lo que la Comisión Europea se ha puesto entre ceja y ceja que hay que eliminar», ha dicho ante los medios el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, quien junto a cerca de un centenar de pescadores ha participado en una concentración en Almería que se ha repetido en todos los puertos pesqueros del Mediterráneo andaluz y del Golfo de Cádiz, lo que ha conllevado el amarre de una flota de 615 barcos y el cierre de 14 lonjas andaluzas.
El sector ha reclamado así la dimisión del comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, al que identifican como «culpable» de esta situación al promover unas políticas que «van en contra de la necesidad que tiene el sector» y que «no tienen en cuenta las aportaciones y el trabajo real y serio» que se realiza para compaginar la actividad productiva con la protección de los mares.
Gallart ha señalado que si bien el plan de gestión hablaba de una reducción de la actividad mediante la minoración de las jornadas de pesca en un 45 por ciento en cinco años, durante los dos primeros de aplicación «vamos por encima del 29 por ciento» frente al 17 por ciento fijado». «El papel lo aguanta todo», ha afirmado el presidente de la Faape, quien ha recalcado que los pescadores están en un «límite insostenible» puesto que «hay barcos que no llegan al umbral mínimo de rentabilidad».
En esta línea, ha asegurado que desde Europa no se han tenido en cuenta las restricciones derivadas de la pandemia que el sector tuvo que atravesar el pasado año cuando se redujeron también las jornadas de pesca por debajo de las 13.800 jornales que España tenía asignada.
Aunque desde la federación se ha reconocido que España ha «hecho oídos» a las reivindicaciones de los pescadores, ha lamentado su «poca influencia» en Bruselas para defender la posición del sector en España, ya que «no hay ningún cargo relevante en la dirección de la pesca comunitaria». Aún así, se han mostrado dispuestos a mantener sus reivindicaciones al considerarse un sector «vivo, fuerte y muy joven».
Para defender su postura, las entidades pesqueras han reclamado la actualización de los informes científicos con los que trabaja la Comisión para determinar sus normas de explotación, ya que «la propia FAO ha informado que la sobreexplotación se ha reducido en un 13 por ciento entre 2014 y 2019», algo en lo que «el sacrificio realizado por los pescadores ha sido fundamental».
Así, han apuntado que desde la entrada en vigor del «nefasto» plan, la flota de arrastre andaluza y española se ha reducido «de forma importante, a través de paradas temporales y desguace de un 20 por ciento de embarcaciones».
«Tampoco los estudios que maneja la Comisión tiene en cuenta los efectos de la implantación del primer año de este nuevo marco normativo: la comunidad científica ya ha dicho que hasta 2022 no se tendrán los datos actualizados», han insistido para reclamar que no se reduzcan más los días de pesca ya que el esfuerzo actual «permitirá alcanzar el rendimiento máximo sostenible en un plazo de tiempo cercano, siendo una utopía alcanzarlo en 2025».
