La Xunta de Galicia ha decidido activar los trámites para solicitar al Estado la transferencia de las competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre, ya que entiende que, una vez cerrado el «corpus normativo» que atañe a este ámbito, es la Administración mejor capacitada para asumir su gestión.
De ello han informado las consejeras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Mar, Rosa Quintana, tras mantener un encuentro por videoconferencia con representantes de la cadena mar-industria y de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, a los que ha trasladado la intención del Gobierno gallego de iniciar el proceso para reclamar estas competencias.
Según ha detallado Ángeles Vázquez, la Xunta podría conseguir esta transferencia, que fue solicitada por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a través de un real decreto firmado por el Estado o bien vía tramitación parlamentaria, para lo que tendría que llevar a la Cámara autonómica una ley orgánica para su remisión al Congreso.
El objetivo detrás de la intención de la Xunta es «ir más allá» en la gestión del dominio público marítimo-terrestre para aportar «más seguridad» jurídica a las instalaciones que se ubican en los casi 2.100 kilómetros de perímetro costero de Galicia, así como «simplificar y acortar» la tramitación de procedimientos burócraticos. Todo ello porque la Xunta considera que es la Administración que «conoce de primera mano la parte de ordenación y paisaje» del litoral y porque ya está «cerrado» el «corpus» normativo que afecta a este ámbito de gestión.
Vázquez, que ha recordado que estas competencias ya han sido transferidas desde el Estado a las comunidades de Cataluña y Andalucía, ha asegurado que la intención de la Xunta ha sido bien recibida en la cadena mar industria y los representantes de la administración local, que han mostrado su apoyo a la demanda.
BIENES PROTEGIDOS
«Reivindicamos algo que contempla la Constitución y el Estatuto de Autonomía», ha apuntado la consejera de Medio Ambiente, que ha insistido en que la intención de la Xunta es que, una vez disponga de las competencias, hacer que el uso residencial y hostelero «sean análogos e intercambiables» y revisar los usos de los 361 bienes protegidos que se asientan en dominio público marítimo-terrestre.
En este sentido, ha advertido que estos 361 inmuebles, anteriores a la Ley de Costas y que gozan de algún tipo de protección (ambiental, cultural o patrimonial, de carácter estatal o autonómico), corren el riesgo de terminar «en ruina si no se les da uso».