Los responsables de los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo de puertos, (UGT, CCOO y CIG), permanecen encerrados en las dependencias de Puertos del Estado, tras la reunión mantenida con los responsables del Organismo, en la que a demanda de la parte social informaron de la situación de la aplicación económica del III Convenio Colectivo, publicado en el BOE en junio del año 2019 y el incremento salarial del 2,3% acordado para el conjunto de empleados públicos para el ejercicio 2020. Según los representantes de los trabajadores de las Autoridades Portuarias, Puertos del estado asegura carecer de la autorización del Ministerio de Hacienda para aplicar lo pactado y determinado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La respuesta de Puertos del Estado siempre ha sido negativa, según los sindicatos, argumentando no disponer de la autorización de aplicación de las masas adicionales, ni tampoco la que corresponde para la aplicación de la subida prevista para el ejercicio 2020
El III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias fue rubricado el día 23 de abril de 2019, y publicado en el BOE núm. 143 del 15 de junio de 2019, tras obtener las correspondientes autorizaciones de los órganos de control, Ministerio de Hacienda (CECIR), Comisión Nacional de Seguimiento de la Negociación Colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas y Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.
Tras solicitar información, de forma recurrente, la respuesta de Puertos del Estado siempre ha sido negativa, según los sindicatos, argumentando no disponer de la autorización de aplicación de las masas adicionales, ni tampoco la que corresponde para la aplicación de la subida prevista para el ejercicio 2020 para el conjunto de empleados públicos.
De forma reiterada se detecta, una vez más – según los representantes sindicales – la debilidad del Sistema Portuario Público Estatal en la defensa de los derechos de las plantillas de las distintas Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. El conjunto de los trabajadores de los puertos han soportado y están soportando todos los recortes salariales y de derechos, que a lo largo de 10 años consecutivos ha cercenado la posibilidad de establecer planes de desarrollo profesional y productividad, tan necesarios para el Sistema Portuario, basado en tráficos tan dinámicos como el tráfico internacional, tanto de pasajeros como de mercancías y con nuevas funciones y necesidades de prestación de distintos servicios, provocados por el avance legislativo en cuestiones tan básicas como la seguridad, la apuesta por el tráfico ferroviario o la transición ecológica y digital.
El Sistema Portuario Público Estatal es un sistema que se rige por el principio de la autosuficiencia económica, solvente, que ha generado beneficios en los años más duros de la crisis económica (alrededor de 200 millones de euros por año) y que este año pasado, de crisis provocada por la pandemia, también generó beneficios.
Resulta relevante remarcar, según los sindicatos, que el acuerdo del III Convenio Colectivo (23 de abril de 2019) se alcanza tras la desconvocatoria de huelga general para todo el sistema (26 de abril de 2019), y en un escenario, no menor, de convocatoria de elecciones generales que tuvieron lugar el 28 de abril de 2019. Es por todo lo anterior por lo que UGT, CCOO y CIG han procedido a tomar la misma sala de reuniones donde se les ha comunicado que «se vuelve a castigar al conjunto de empleados públicos, trabajadores y trabajadoras que demuestran cada día su compromiso con la prestación del servicio esencial público, garantizando el paso de la mercancías y pasajeros por los puertos en condiciones de seguridad y calidad, incluso en los peores momentos de la crisis por pandemia, cumplieron con su deber y compromiso público, sin los medios adecuados, estuvieron al pie del cañón, arriesgando su propia salud y la de sus familias o aportando medios técnicos propios en sus casas para que se garantizara el paso de mercancías esenciales», refleja un comunicado de los sindicatos que hablan de «un conflicto, también, contra las autoridades portuarias que manifiestan la necesidad de solventar la situación de bloqueo planteada, compartiendo la obligación de cumplir con lo pactado».
Para los sindicatos, «Alguien ha caído en el error de confundir compromiso de servicio público con sometimiento de los derechos laborales y económicos que al conjunto de personas trabajadoras les ampara. En un país moderno y serio, debería regir el principio de que los Convenio Colectivos si se firman, se aplican, independientemente del color del gobierno de turno y si está presionado o no, por la proximidad de unas elecciones generales».
Los sindicatos firmantes, UGT, CCOO y CIG, no van a dudar en luchar por la dignidad del conjunto de empleados públicos, desde el convencimiento de extender las movilizaciones a la totalidad del Sistema Portuario Estatal.