La Consejería de Mar y representantes del sector pesquero gallego van a celebrar un Consejo Gallego de Pesca de carácter extraordinario para abordar el impacto del acuerdo firmado el pasado jueves para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En dicho encuentro, se pondrán sobre la mesa los pasos a seguir de cara a paliar «los efectos negativos» que el acuerdo alcanzado traerán para la flota gallega, que perderá cuotas además de sufrir otras cuestiones relacionadas con la gestión y ordenación de la pesquera.
La Administración autonómica, el sector y el gobierno gallego han coincidido en la necesidad de aunar esfuezos para defender los intereses de los pescadores ante las consecuencias que el pacto tendrá para la ordenación y gestión en el Gran Sol y en el Cantábrico-Noroeste. De hecho, la Xunta ha decidido encargar dos informes sobre la incidencia del acuerdo.
El primero será de carácter técnico-administrativo para evaluar el impacto en la actividad extractiva y en la comercialización, mientras que el segundo, que correrá a cargo del Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidad de La Coruña, se centrará en las implicaciones jurídicas que trae el nuevo escenario.
Así, la Xunta incide en que el sector ha trasladado su preocupación por la incertidumbre ante el nuevo panorama y su falta de claridad, al tiempo que avisan de la dificultad para acometer inversiones por la línea temporal que marca el acuerdo, que emplaza a 2026 para renegociar las condiciones.
