La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha agradecido el consenso alcanzado hoy en el Parlamento de Andalucía para la aprobación de la proposición de ley por la que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 7/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, presentada por los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos. Marifrán Carazo ha destacado que la nueva ley “otorga seguridad jurídica” a los puertos a la vez que supone “una fuente de creación de empleo”, ya que asocia la continuidad de la concesión a inversiones que se realicen en los puertos andaluces.
La consejera ha agradecido en el Parlamento de Andalucía el esfuerzo de todas las formaciones políticas para intentar alcanzar por todos los medios un acuerdo beneficioso para Andalucía, además de agradecer la colaboración que han prestado tanto Puertos del Estado como la Agencia de Puertos Públicos de Andalucía (APPA). Por último, ha dado las gracias por la paciencia y por las aportaciones de las empresas concesionarias de estos puertos, que también han trabajado en la elaboración de esta proposición de ley.
“A cambio de más años de concesión, las empresas van a tener que invertir en mejoras en nuestros puertos que llevaban años lastradas por la inseguridad jurídica”, ha manifestado la consejera, que ha valorado que esta fórmula también ha contentado no sólo a la mayoría de las formaciones políticas de la Cámara andaluza, sino también a las propias concesionarias.
La consejera espera que, a través de esta fórmula, se puedan invertir más de 40 millones de euros que supondrán una creación de unos 1.000 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras y en torno a 600 empleos. Asimismo, ha indicado que la seguridad jurídica que concede esta modificación reactivará el deseo del sector empresarial por construir nuevos puertos como los que ya se están proyectando en Almuñécar, Motril o Torrox, pero también para ampliar las actuales instalaciones portuarias. “Este interés es sinónimo de empleo y de nuevas oportunidades para la ciudadanía en unos momentos que son francamente complicados”, ha señalado Marifrán Carazo.
La modificación aprobada con el Parlamento, por tanto, acaba con una situación de inseguridad jurídica que afectaba gravemente al sector, ya que no podía hacer previsiones a corto y largo plazo porque desconocía la vigencia de sus concesiones de unos puertos que cuentan actualmente con una plantilla de 500 empleados directos que gestionan más de 7.000 atraques.
El origen del problema residía en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones de cara a su aplicación. Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –la última de enero de 2019–, el Estado no se ha pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se había resuelto en otras comunidades mediante regulación propia, no así en Andalucía, que desde ahora sí cuenta con el soporte legal para dar tranquilidad
La proposición de ley no solo tiene por objeto regular de forma concreta, ordenada y desarrollada el problema existente, sino que adopta medidas de carácter social para la regeneración y consolidación del empleo, promover el acceso de todos los ciudadanos a los puertos y al ejercicio de los deportes náuticos.
SATISFACCIÓN EN EL SECTOR. La aprobación en el Parlamento de Andalucía ha sido muy bien acogida por el sector, que ha comprobado cómo “se han atendido sus reivindicaciones” en el nuevo marco normativo. “La modificación dota de la necesaria seguridad jurídica a los concesionarios, que permitirá realizar inversiones que mejoren la competitividad de nuestros puertos e impulsar el sistema portuario andaluz”, ha remarcado Manuel Jiménez, presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía Marinas de Andalucía, que agrupa a 15 puertos deportivos y clubes náuticos de la comunidad.
Desde Puerto Banús han agradecido el esfuerzo realizado para resolver la controversia que sufrían con las concesiones. “La nueva ley de puertos viene a proporcionar una solución de consenso eliminando la seguridad jurídica de una manera ponderada y razonable”, ha recalcado su consejero delegado, Juan Muñiz Insausti. Por último, el presidente de Almerimar, Francisco Escorial, ha valorado el que se pueda disponer de una ley que “posibilite nuevas inversiones y genere nuevos puestos de trabajo”.
