Un estudio realizado por un grupo de científicos ingleses y norteamericanos, dirigidos por David J. Curnick, del Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres, ha demostrado la nula utilidad de las grandes Áreas Marinas Protegidas (AMP), como herramienta exclusiva para la gestión de especies altamente migratorias. De esta forma, el estudio pone en evidencia este instrumento propuesto por numerosas ONG y países en Naciones Unidas en el marco de las negociaciones de la conferencia intergubernamental sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, conocidas como las negociaciones BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).
El estudio, publicado en Frontieres in Marine Science, ha analizado el impacto en las poblaciones de atún rabil y patudo del Océano Índico del establecimiento en 2010 de una AMP de 640.000 km² en el Archipiélago de Chagos, concretamente la zona conocida como British Indian Ocean Territory (BIOT). Para ello, ha comparado los datos disponibles de capturas y esfuerzo pesquero antes y después de la declaración de la AMP, correspondientes al período 1998-2017, tanto en la zona de BIOT como en dos zonas colindantes al este y el oeste y con las mismas dimensiones.
La principal conclusión del estudio es que la declaración de AMP no ha tenido un impacto significativo sobre las poblaciones de rabil y patudo, más aún si se tiene en cuenta que este hecho coincidió prácticamente en el tiempo con el cierre a la pesca de un área aún mayor (830.000 km2), a causa de la piratería somalí en el oeste del Océano Índico.
Estos datos avalan los ya obtenidos por otros estudios científicos realizados a menor escala y durante menos tiempo en otras AMP, así como el impacto en las poblaciones del cierre de la zona de Somalia anteriormente mencionado, llegando todos ellos a las mismas conclusiones.
Igualmente, y aunque no lo evalúa, el estudio pone de relieve los impactos negativos que la declaración de AMP puede tener sobre stocks de especies altamente migratorias, como consecuencia del desplazamiento del esfuerzo pesquero a otras zonas. Este hecho quedó evidenciado en el caso del cierre de la zona de Somalia, ya que una de sus consecuencias fue precisamente el desplazamiento de muchos buques palangreros asiáticos al sur del Océano Índico, lo que condujo a la sobreexplotación del stock de atún blanco y a un aumento de las capturas de aves marinas (albatros) y tiburones.
Según la Confederación Española de Pesca (Cepesca), este nuevo estudio viene a refrendar sus tesis de que hay que ser prudentes y racionales a la hora de definir y aplicar políticas de creación de AMP, y defiende el uso de criterios científicos para la selección de las herramientas de gestión más eficaces, tal y como hacen las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). En este sentido, el sector pesquero se opone a la utilización de las AMP como instrumento propagandístico de movimientos ecologistas que persiguen la protección del 30% de la superficie de los océanos en 2030, un porcentaje, a su juicio, arbitrario.
Asimismo, señala que el establecimiento de AMP debe considerarse una herramienta de gestión más, como lo son los TAC y cuotas, la gestión del esfuerzo pesquero, las vedas o las medidas técnicas, y advierte de los riesgos de sustituir estos mecanismos que han demostrado de forma contrastada su eficacia para garantizar una explotación sostenible de los océanos y sus recursos. En el caso concreto de los túnidos tropicales, el sector aboga por el fortalecimiento de las ORP para mejorar la gestión pesquera y no por el cierre a la pesca en un porcentaje preestablecido del océano.
El sector indica que el carácter altamente migratorio de muchas especies pelágicas de alta mar y su dependencia de condiciones oceanográficas cambiantes hace inviable el uso de AMP, de carácter fijo, para su gestión. Para ello, considera más conveniente invertir en otro tipo de políticas medioambientales, con medidas de gestión adaptadas a las características de los stocks y las pesquerías que los explotan.
Por último, reconoce la utilidad de las AMP para proteger hábitats costeros específicos tales como arrecifes de coral, praderas marinas, posidonia y, en general, ecosistemas marinos vulnerables, pero no para solucionar las grandes y más apremiantes amenazas que suponen el cambio climático, la acidificación de los océanos o los contaminantes terrestres.