Verdemar Ecologistas en Acción y el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra han venido denunciando ante la Junta de Andalucía, diferentes vertidos de aguas residuales, hasta en cinco ocasiones en lo que va de año, al Dominio Público Marítimo Terrestre en la playa de Los Lances (Tarifa). Estos vertidos se producen cada vez que hay lluvia y se deben a una mal planificación urbanística, según los ecologistas.
Ambos colectivos han querido hacer pública la pasividad de las Administraciones y antes de poner los hechos en manos de la fiscalía General del Estado.
«Sabemos que se han abierto varias causas penales en los Juzgados de Algeciras por verter aguas fecales en el paraje protegido de Los Lances y ante la reiteración, vamos ampliar las denuncias por infracciones urbanísticas sin control ya que entendemos que se ha estado construyendo con criterios falseados con una red de saneamiento conectada a la de pluviales», afirma Alfredo Valencia, portavoz de Verdemar, quien insiste en que estos hechos continuados están infringiendo tanto la Directiva 91/271/CEE, que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas como la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, así como otras disposiciones de derecho comunitario, principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con ambas normas». Verdemar considera que «pueden ser constitutivos de un delito penal».
El Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo aprobó un acuerdo que determina qué Administraciones son responsables por incumplir la Directiva 91/271, de Aguas Residuales, al no ejecutar una sentencia de la Unión Europea de abril de 2011. España tiene abierto cinco procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración por no haber adoptado el tratamiento de aguas residuales de varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.
El BOE de 20 de marzo recogía la resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que resolvía quién será la Administración responsable de pagar las multas que la Comisión Europea ha impuesto al Reino de España. La Comisión Europea entiende que España no ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la norma europea y ejecutar la sentencia. Por ello, ha ido imponiendo multas por varios millones de euros. El Estado ha pagado ya tres multas: la de los 12 millones de euros (11 de octubre de 2018) y dos primeras multas coercitivas semestrales (5 de junio y 28 de noviembre de 2019) de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso. El importe de estas multas coercitivas se redujo a 10,35 millones de euros por la entrada en explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tarifa.
