La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado de forma «muy satisfactoria» la decisión de eliminar las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector pesquero durante el estado de alarma, incluida en el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. «Se confirma una vez más la implicación de todo el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza, a la hora de proteger a la flota andaluza y a la industria auxiliar pesquera», ha subrayado.
Esta exención tributaria forma parte de las medidas urgentes en el ámbito económico y social adoptadas como consecuencia del Covid-19. «En los puertos de competencia autonómica existe un importante tejido industrial y empresarial que se ha visto paralizado como consecuencia de la crisis sanitaria y el propio sector pesquero que opera en estos puertos también ha visto mermada su actividad en estas circunstancias», ha explicado Crespo, que ha aplaudido la decisión de «proteger» a un colectivo vulnerable y al que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ofrece una interlolución fluida desde el primer día. «Con esta medida damos respuesta a otra demanda trasladada a la Junta y que supone una alivio económico no solo para la flota andaluza, sino para la industria auxiliar en un momento especialmente delicado; alrededor de 5.000 familias del sector», ha añadido.
MÁS DE 1.100 BUQUES Y 500 COMPRADORES BENEFICIADOS. La medida afecta a un total de 1.135 buques y 4.395 tripulantes que operan en una veintena de puertos de titularidad de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y a 500 de los 900 compradores que continúan con su actividad en las lonjas durante la crisis sanitaria.
En concreto, la medida se extenderá entre el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de junio de 2020, como máximo, si el Estado de Alarma permaneciera en esta última fecha. Además, se posibilita el fraccionamiento de liquidaciones correspondiente a la anualidad 2020 y se ponen en marcha medidas de agilización administrativa en los procedimientos para otorgar títulos para la ocupación del dominio público portuario.
