El colectivo de jubilados de Endesa se ha dado cita este martes en Madrid para protestar ante la posible pérdida de su tarifa de empleados, es decir, la bonificación de la que han disfrutado sus trabajadores inactivos en la factura de luz de sus hogares. Además de este beneficio, suprimen otros como ayudas de estudios, residencias de ocio, etc. Unos beneficios sociales que tienen su origen hace más de 100 años. La concentración a las puertas de la sede de la eléctrica en la capital tenía por objeto presionar ante la convocatoria de una reunión de la comisión negociadora del V Convenio Colectivo de la compañía.
El último convenio colectivo de Endesa expiró a finales de 2017 y, desde hace casi dos años, la dirección de la eléctrica y los sindicatos negocian para pactar un nuevo marco laboral, que ha encontrado en este tipo de «beneficios sociales históricos» su principal escollo. Si esta semana no hay acuerdo, el próximo 1 de octubre los 26.000 jubilados de Endesa dejarán de tener este «salario en especie».
A pesar de haber obtenido un beneficio neto de 776 millones de euros en el primer semestre del año, la compañía eléctrica está decidida a acabar con la tarifa de empleado, entendiendo que con la expiración del convenio también lo hace la vigencia de estos beneficios sociales para los jubilados, prejubilados, viudas y huérfanos de la empresa.
En la antigua Compañía Sevillana de Electricidad, por ejemplo, estos beneficios sociales estaban recogidos tanto en el Reglamento de Régimen Interior, como en los sucesivos convenios colectivos, compensando los bajos salarios con una tarifa eléctrica más económica para todos sus trabajadores, incluso una vez jubilados, y también para viudos y viudas. Cuando Endesa absorbió a muchas empresas eléctricas de toda España respetó esos compromisos. Los derechos fueron recogidos también en la tramitación de los sucesivos ERE de Sevillana de Electricidad y Endesa.
Asimismo, una vez que la italiana Enel absorbió a Endesa, esos beneficios sociales se recogieron en los acuerdos de reordenación societaria, aprobados por la Administración, con el compromiso de que se respetaran, entre ellos, la aplicación de la «tarifa de empleado».
Los sindicatos (CCOO, UGT y SIE) han pedido a la empresa prorrogar este beneficio más allá del próximo 30 de septiembre, cuando estos jubilados dejarán de tener esta tarifa de empleados. Algo a lo que la empresa se ha negado alegando que «no se dan las condiciones».
El pasado jueves, Endesa dejó por escrito su última oferta: limitar el consumo a 3.500 KWh al año para los trabajadores actuales, lo que considera un consumo medio. Para los jubilados, marca también el límite de 3.500 kWh al año pero ofrece otros 2.000 kWh al 50% del precio que fije la Administración.
Una propuesta que se encuentra muy lejos,de las reivindicaciones de los sindicatos, que pasan por ordenar la tarifa de empleado estableciendo un consumo de 15.000 kWh al año para todos los trabajadores. Además abogan por establecer la forma de compensar el consumo a partir de 15.000 kWh y mantener la condición tras la jubilación solo para los que la tengan por sus convenios de origen.
Durante la mañana de hoy, empresa y sindicatos volverán a sentarse para tratar de acercar posturas. No obstante, la tarifa de empleado seguirá siendo la gran protagonista de las negociaciones.