La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha lamentado la “falta de voluntad” del nuevo gobierno andaluz del Partido Popular para desistir de seguir adelante con los recursos puestos por el anterior gobierno socialista contra las sentencias favorables a las 27 trabajadoras despedidas de los Centros de Control Portuario repartidas por toda Andalucía, 11 de ellas de la provincia de Cádiz.
En pregunta parlamentaria realizada ayer por Nieto a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz a la consejera del ramo, Marifrán Carazo, sobre si pensaban seguir adelante con los recursos o por el contrario optarían por la readmisión de las trabajadoras, la parlamentaria de Adelante Andalucía criticó que “el PP esté perdiendo la oportunidad de enmendar un error y una gran injusticia cometidos por el PSOE contra estas trabajadoras”.
Insiste en que el trabajo del personal despedido lo siguen haciendo los trabajadores que permanecen en los puertos
Asimismo, Nieto ve contradictorio que el PP se esté dedicando a criticar los gastos que tiene que asumir ahora la Junta de Andalucía por diversos pleitos perdidos por la gestión del anterior gobierno, y “en cambio, decida seguir adelante con los recursos, pese a que ya hay sentencias que consideran improcedentes los despidos producidos en octubre de 2017, con el incremento en las indemnizaciones que podría suponer en caso de que vuelvan a perderlos”. Concretamente, alude la parlamentaria a los 548 millones de euros que la Junta ha tenido que pagar entre 2016 y 2018 por costes judiciales correspondientes a sentencias perdidas; de éstos, 165 millones de euros son precisamente de la cartera de Fomento, “una cifra que podría verse incrementada si ahora el gobierno del PP no retira los recursos”, apunta Nieto.
Insiste además, la parlamentaria de Adelante Andalucía en que “el trabajo que desarrollaban las trabajadoras despedidas se ha seguido realizando en los puertos andaluces a cargo del personal que permanece, lo que supone un incremento en la carga de trabajo y un empeoramiento de la calidad del servicio que se presta”, por lo que considera que “lo más justo y razonable sería la readmisión de estas trabajadoras”. En el caso de la provincia de Cádiz, el personal despedido cumplía funciones en los Centros de Control Portuarios de los puertos de Barbate, Sancti Petri, Rota, Chipiona, Gallinera, La Atunara y Puerto América.