A 1 de enero de 2019, la flota mercante de transporte controlada por empresas navieras españolas contaba con 220 buques mercantes y 4.485.725 GT. Ello supone 9 unidades más que un año antes y un aumento del 8,9% en el tonelaje de arqueo.
La parte de esta flota que opera bajo pabellón español (en todos los casos inscrita en el Registro Especial de Canarias, REC), mantuvo el mismo número de buques que un año antes, con 115 unidades, mientras que sus GT disminuyeron un 5,5%, hasta 2.158.918 GT. La parte de la flota que opera bajo pabellones extranjeros aumentó en 9 unidades, hasta 105 buques, con 2.326.807 GT y un notable crecimiento del 26,3%.
Según los resultados hechos públicos por Anave, en 2018 se incorporaron a la flota de control español ocho buques de nueva construcción con un total de 419.052 GT, que suponen una inversión de unos 450 millones de euros. De ellos, cuatro buques de pasaje de pequeño porte que se inscribieron en el REC y dos gaseros GNL y dos petroleros de gran porte, inscritos en pabellones comunitarios. De esta manera, el 99,7% de las GT de nueva construcción se inscribió en registros europeos distintos del REC.
La preferencia de los armadores españoles por inscribir sus buques en registros comunitarios queda patente un año más. Sumando los buques inscritos en el REC (bandera española), y otros registros UE, operan bajo pabellones comunitarios el 88,2% de las unidades y el 92,9% de las GT de la total flota controlada por armadores españoles.
Según los encargos actualmente en vigor, en los próximos 3 años, los armadores españoles recibirán un total de 14 buques de nueva construcción: 7 buques de pasaje, 2 metaneros (LNG), 2 graneleros, 2 quimiqueros y 1 petrolero, con un total de 598.464 GT que suponen una inversión total de casi 1.200 millones de euros.
Anave ha insistido en los últimos años en plantear medidas para “potenciar la competitividad del REC, para lo cual ha elaborado una serie de propuestas concretas de modificaciones normativas o de la práctica administrativa en materias como seguridad privada a bordo, porcentaje de marinos no comunitarios, tramitación administrativa del enrole de marinos extranjeros, normas sobre jornada de trabajo y descanso, entre otros”.
De este modo, según la asociación, “sería posible aproximar las condiciones de explotación de los buques del REC a las de otros registros europeos y relanzar su atractivo para los armadores españoles”.