Feteia Oltra y el Consejo General de Agentes de Aduanas defienden que las nuevas condiciones marcadas por el anteproyecto de ley será imposible ejercer las tareas de representante aduanero en España por lo que posiblemente tengan que trasladar su actividad a otros países.
Ambos colectivos han mantenido una reunión de trabajo para concretar las acciones conjuntas para tratar de paralizar el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, presentado el pasado mes de octubre por el Ministerio de Hacienda.
En el encuentro se ha acordado trasladar la preocupación a los distintos puertos de interés general, aeropuertos, zonas francas, federaciones empresariales y al sector del comercio exterior. Más adelante, iniciarán contactos con los diferentes grupos parlamentarios para intentar evitar «la injusticia y el atropello que su aprobación significaría“.
Ambas entidades reclaman a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda «que atienda las alegaciones presentadas por ambos colectivos y evitar los efectos perversos que seguramente no han sido suficientemente evaluados». Afirma, además, que con estas nuevas condiciones será imposible “ejercer dicha profesión y actividad en España”. De aplicarse la norma en sus términos actuales, posiblemente deban trasladar su actividad profesional al resto de países comunitarios.
Ante esta coyuntura, instan al Ministerio de Hacienda a atender las alegaciones presentadas y «evitar los efectos perversos que seguramente no han sido suficientemente evaluados», dado que esta problemática no se hubiese generado si la Administración Tributaria hubiera tenido en cuenta el funcionamiento del comercio exterior.
Finalmente, recuerdan en su comunicado que transitarios y agentes de aduanas conforman un un colectivo «cumplidor con la norma tributaria y aduanera desde siempre». De hecho, consideran que este sector «garantiza el correcto funcionamiento del despacho aduanero», por lo que consideran «paradójico que los cambios normativos que aparecen en este anteproyecto se incluyan en una ley denominada antifraude».