El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado a través de un comunicado que, la investigación sobre la presunta estafa en el sector de la estiba del puerto de Algeciras, por la que han sido detenidas dos personas por su presunta implicación en delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal y corrupción entre particulares, al haber recibido dinero a cambio de la promesa de conceder un puesto de estibador, sigue abierta y habrá nuevas detenciones.
La policía espera localizar y detener al resto de los miembros de la organización criminal que, ha podido conseguir unos 500.000 euros con la ilícita actividad.
La operación comenzó hace más de diez meses cuando los agentes recibieron informaciones de una presunta compra ilícita de puestos de estibadores
La investigación se inició a raíz de la denuncia de uno de los afectados, lo que llevó a la policía hasta dos trabajadores del sector (padre e hijo) que supuestamente habrían cobrado dinero a cambio de facilitar un puesto de trabajo como estibador en el puerto de Algeciras. Se han registrado más de una veintena de denuncias de personas afectadas que llegaron a pagar en torno a 18.000 euros cada una por conseguir el trabajo. Según los investigadores, los arrestados son los intermediarios de una red organizada.
La operación comenzó hace más de diez meses cuando los agentes recibieron informaciones de una presunta compra ilícita de puestos de estibadores. Poco después se hallaron más de veinte personas afectadas que denunciaron el pago de unos 18.000 euros por comprar un puesto de trabajo, llegando incluso algunas de ellas a solicitar préstamos bancarios para poder abonar dicha cantidad.
Avanzada la investigación, los agentes descubrieron la existencia de la red perfectamente organizada que actuaba siempre siguiendo el mismo procedimiento. Se identificaron y arrestaron a estas dos personas que actuaban como ganchos o intermediarios al captar a los interesados en trabajar de estibadores en el Puerto de Algeciras. Para ello les aseguraban pasar la selección previa a cambio de que pagasen una cantidad de dinero. El importe que solicitaban de manera ilegal variaba dependiendo de la ocasión, llegando a solicitar hasta un total de 30.000 euros por plaza.