La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) reconoce la necesidad imperativa de revertir la situación de los stocks de pesca del Mediterráneo y solicita, para ello, que las medidas de reducción del esfuerzo pesquero que ponga en marcha la Secretaría General de Pesca (SGP) del MAPAMA sean asumibles desde el punto de vista social y económico, al tiempo que consigan alcanzar los límites biológicos de seguridad de las poblaciones de peces más importantes.
Por ello, Cepesca confía en que las dos normas en las que trabaja la SGP -por un lado, el Real Decreto de Ordenación y Ejercicio de Artes de Arrastre; y, por otro, el Plan de Gestión Integral para la Conservación de los Recursos Pesqueros en el Mediterráneo- tengan en cuenta las alegaciones del sector.
En sus alegaciones, Cepesca considera que es conveniente que la SGP actualice los puntos de referencia biológicos y de conservación teniendo en cuenta las últimas evaluaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que se hicieron públicas en noviembre de 2017 y recogen datos correspondientes a 2016.
A partir de la información científica más actual, la patronal pesquera considera imprescindible que las medidas que se aprueben persigan el equilibrio entre los aspectos biológicos, sociales, económicos y alimentarios, y resulten asumibles desde el punto de vista socioeconómico. A este respecto, Cepesca considera que la propuesta de reducción del esfuerzo pesquero, medido en días, de un 30% en tres años, resulta, a priori, excesiva, puesto que pondría en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
Cepesca considera, por tanto, que los porcentajes de reducción del esfuerzo pesquero deben consensuarse cada año con el sector, teniendo en cuenta tanto las evaluaciones científicas sobre los resultados de la aplicación de las medidas, como los resultados de cada ejercicio, con el objetivo de alcanzar progresivamente los límites biológicos de seguridad.
Por otro lado, Cepesca insiste en que el objetivo de recuperación de los stocks del Mediterráneo tenga también en cuenta el impacto de la actividad pesquera de terceros países no europeos, así como otros factores (cambio climático, acidificación y contaminación) resultantes de actividades humanas, tales como la explotación petrolera y gasística, el transporte marítimo y la pesca recreativa.