El comité ejecutivo de Anesco, la patronal del sector de la estiba, ha decidido enviar un escrito al Ministerio de Fomento para transmitir su preocupación ante la incertidumbre jurídica que se puede generar en el sector, a partir del 14 de mayo, cuando los convenios colectivos locales y el convenio colectivo estatal decaigan parcialmente, al cumplirse un año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2017. El conjunto del sector portuario requiere estabilidad para continuar en la senda de crecimiento y estabilización de los tráficos marítimos y, por ello, el comité ejecutivo de Anesco ha analizado la situación en la que se encuentra la negociación colectiva estatal y la tramitación del reglamento que debe desarrollar el Real Decreto Ley 8/2017, mediante el que se modificó la regulación del sector en cumplimiento de la sentencia de los Tribunales Europeos.
La patronal de la estiba considera vital que se definan los asuntos que debe recoger el reglamento de descuelgue del Real Decreto Ley, para dotar al sector de estabilidad y continuar avanzando en la negociación colectiva, puesto que incluye (según establece el anexo I del citado Real Decreto Ley) aspectos tan trascendentes como la regulación de los centros portuarios de empleo, las condiciones específicas para acceder a la capacitación como trabajador del servicio portuario de manipulación de mercancías, el régimen de ayudas para prejubilaciones y cuestiones relativas a la organización del trabajo.
El comité ejecutivo de Anesco también ha abordado otros asuntos de importancia para la asociación empresarial, como la consulta que se está preparando a la Dirección General de Tributos para que declare exenta de IVA las facturaciones de las SAGEP a servicios prestados al comercio internacional, la participación de ANESCO en CEOE y en FEPORT, así como diversos proyectos que se lanzarán en los próximos meses en materia de formación y comunicación.
Al seguimiento presupuestario del año en curso y el cierre económico del ejercicio 2017, el comité sumó el análisis del proceso de traslado de la sede de la asociación a unas nuevas instalaciones.