El capitán de la Marina Mercante, Rafael Rosselló, ha insistido en su denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre presuntas irregularidades en la operación de venta de la compañía Trasmediterránea y ha dado traslado de ello a la Fiscalía.
Roselló en su denuncia, remitida también por burofax, a la CNMV, asegura que el Grupo Acciona «podría haber utilizado artificios y difundido noticias falsas con el fin de alterar la cotización en bolsa de sus acciones, lo que puede constituir un delito relativo al mercado y a los consumidores; con el único fin de incrementar el precio de sus acciones cometiendo, si fuese así, un fraude a los accionistas, en el que la naviera Armas (la cual anunció la adquisición de las acciones de Trasmediterránea, a finales de 2017) resulta un cooperador necesario en la operación».
En sus razonamientos, Rosselló menciona la inexistencia de comunicación formal a la CNMC y recuerda que «hace ya unos meses el Grupo Acciona anunció en la prensa la venta de Trasmediterránea al grupo canario Naviera Armas y la simple noticia disparó el precio de las acciones en bolsa.
Para el Capitán de la Marina Mercante, «el posible artificio no es simplemente una noticia aislada, sino toda una campaña orquestada a dar por hecho una transacción que, como he dicho, ni tan siquiera habría superado las evaluaciones del organismo competente. De hecho, se anunció, al mismo tiempo que se daba por cerrada la venta, que Naviera Armas habría emitido bonos en el Mercado de Londres por un valor de más de doscientos millones y que los habría colocado en menos de dos días, así como que habría solicitudes por más de setecientos millones de euros como se puede ver en diferentes publicaciones.
Rosselló vuelve a hacer referencia en su denuncia a la supuesta situación financiera de la Naviera Armas S.A., asegurando que «se tiene constancia de que Naviera Armas no goza precisamente de una estabilidad económica ni para adquirir Trasmediterránea ni mucho menos para continuar emitiendo deuda, ya que existen créditos por más de 700 millones de euros escriturados como Hipotecas Marítimas en el Notario de Las Palmas de Gran Canarias don Manuel Guzmán Ramos a finales de noviembre de 2016, una deuda absolutamente desproporcionada como para al año siguiente ir a emitir deuda al Mercado de Londres y mucho menos para adquirir otra compañía que también, según afirman en prensa, arrastra otra deuda considerable», comenta.
«Todo esto sin entrar en detalles en las constantes denuncias por parte del Sindicato CCOO por precariedad laboral hacía Naviera Armas, por lo que aún resulta más sorprendente esa supuesta «colocación» de 300 millones de euros en bonos en tan sólo dos días como afirma Canarias7 de fecha 12 de noviembre del 2017 y que podría afianzar aún más esa posible connivencia con el Grupo Acciona», indica.
Añade Rosselló que «al mismo tiempo, el Grupo Acciona asevera en prensa que Naviera Armas ha pagado más de doscientos millones de euros al grupo por la adquisición de la Compañía Trasmediterránea aparte de hacerse cargo de un pasivo de más de ciento treinta millones de euros, algo que tampoco parece posible, ya que el paso previo para cerrar la operación y, por ende, para cobrar esa supuesta cantidad, sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, como hemos dicho, niega tan siquiera tener conocimiento de ello. Se designan los Registros y Archivos de dicha entidad a efectos de su verificación».
Rosselló menciona también en su argumentación el incremento de la cotización de las acciones de Acciona. «Evidentemente, todas estas noticias, que no son ciertas, han creado la atmósfera y las expectativas adecuadas para que se «disparen» las acciones del Grupo Acciona, tal y como también declaró la prensa. Por todo ello, creo que el Grupo Acciona ha podido incurrir en prácticas irregulares con el único fin de lucrase elevando el precio de las acciones e invitando a que otras personas la adquieran presentando una situación absolutamente irreal».
Por todo esto, Rafael Rosselló solicita a la CNMV «una investigación formal, por si los hechos citados pudiesen constituir graves irregularidades contra el mercado y su ordenación».