El sector pesquero andaluz ha reclamado una gestión más ágil y óptima del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), para que sea capaz de satisfacer las necesidades que requiere la actividad pesquera actual, obligada a cumplir los altos estándares fijados por la propia UE. De hecho, y según ha hecho público Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), hasta la fecha el sector pesquero europeo sólo ha utilizado el 2,7 % de los 6.500 millones de euros del FEMP aprobado en 2014 y con vigencia hasta 2020.
Maza, también vicepresidente segundo de CEPESCA, que ha analizado la situación del sector en relación con el acceso a este fondo, cree que los pescadores europeos, entre ellos los andaluces, tienen que reducir sus costes de explotación para poder competir con otras flotas, no sujetas a la legislación europea y con costes netamente inferiores. Para ello, y según Maza, los pescadores han de poder afrontar proyectos en materias de innovación, eficiencia energética, reducción de descartes mediante una mayor capacidad selectiva o la reducción de las basuras marinas.
Maza ha realizado estas afirmaciones en el transcurso de la jornada “Retos y Oportunidades del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero” que ha contado con la participación de Alberto López-Asenjo, secretario general de Pesca del MAPAMA; Margarita Pérez, directora general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía; y Ernesto Penas Lado, asesor principal de desarrollo de la Política Pesquera Común de la Dirección general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la CE.
Durante su exposición, Pedro Maza expuso las líneas maestras que, a juicio del sector, deberían regir la definición y asignación del nuevo FEMP a partir de 2021. Así, en primer lugar, que continúe siendo un fondo específico de pesca, con mayor dotación presupuestaria que la actual y con mucha menos burocracia, que permita la utilización completa del mismo. Igualmente, Maza ha solicitado que los programas operativos flexibilicen los mecanismos de financiación, tanto de ayuda directa a fondo perdido, como los instrumentos financieros: préstamos, avales, garantías, entre otros.
A este respecto, Pedro Pisonero, director general de la sociedad de garantía Iberaval, líder en España con 25.500 socios y también presente en la jornada, ha señalado que esta herramienta sin ánimo de lucro es clave para la financiación pesquera y acuícola, y ofrece un potencial financiador único al servicio del sector.
Pisonero ha apuntado que, sólo durante 2016, Iberaval apoyó con créditos por más de 10 millones de euros a decenas de empresas pesqueras, y puntualizó que “nuestra ventaja principal es que aportamos financiación a los ámbitos primario, transformador y comercializador con un aval que permite al solicitante disponer de mejores plazos y tipos de interés”. Iberaval respalda, en función de la viabilidad de los proyectos, operaciones por hasta 750.000 euros, a devolver en un máximo de 15 años.
El vicepresidente segundo de Cepesca también subrayó la necesidad de poder aprobar tanto proyectos pequeños como grandes, con una dotación económica importante, incluyendo, por ejemplo, los necesarios para mejorar la selectividad de las artes de pesca que permitan la adaptación a la obligación de desembarque.
Como cuarto eje, Maza ha reclamado el apoyo decidido a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores (OPP), así como a aquellas acciones que puedan llevar a cabo los Grupos de Acción Local, fomentando el desarrollo y diversidad de las zonas altamente dependientes de la pesca. Igualmente, ha argumentado que el FEMP debe fomentar la colaboración del sector con los científicos, potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico, y promover la colaboración entre las empresas pesqueras y las que les prestan servicios: comunicaciones, control, detección especies, selectividad, eficiencia energética, etc.
Maza reclama, por otra parte, ayudas vinculadas con la capacidad pesquera y que, en los casos en los que sean necesarias medidas para la reestructuración de las flotas en desequilibrio, se permitan ayudas por paralización definitiva. Por otra parte, y en los casos de flotas en equilibrio, como las pesquerías en Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) o empresas económicamente viables, apuntó que se debería plantear una estrategia de renovación y modernización de la flota comunitaria, cuya edad media, en el caso de España, es de 30 años de antigüedad; así como flexibilizar las normas aplicables a nuevas construcciones y modernizaciones.
Igualmente, el presidente de FAAPE ha subrayado la necesidad de financiar las paralizaciones temporales cuando los buques se ven obligados a cesar su actividad por causas como paro biológico, cierre de una pesquería o la ruptura de un protocolo de pesca con un tercer país. Por último, Maza considera fundamental que el FEMP de 2020 tenga en cuenta la dimensión social a través de buenas condiciones laborales (Convenio 188 de la OIT) y la formación náutico-pesquera, para paliar el problema actual de escasez de profesionales titulados; así como ayudas para mejorar la recopilación de datos y el control de todos los eslabones de la cadena comercial.