El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, participó este jueves en el Foro de la Energía organizado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) exponiendo la necesidad de un precio energético “competitivo, estable y predecible” en España: una factura que no encarezca los costes de producción, que no varíe en función de factores exógenos al mercado y que ofrezca la posibilidad de preverla sin estar a expensas de las frecuentes fluctuaciones.
En un acto celebrado en la Sala de Columnas del Congreso de los Diputados, Velázquez recordó que el coste de la energía en España es superior en “un 30% al de Francia, un 50% respecto al de Alemania, en torno a un 40% al de Asia y cerca de un 35% al de Estados Unidos”; mercado liderado por North American Stainless (NAS), filial estadounidense de Acerinox.
Como consecuencia de estas diferencias, a un gran consumidor como Acerinox la electricidad en España (país en el que el Grupo cuenta con la fábrica integral de Acerinox Europa) le resulta entre 20 y 30 millones más cara al año que a compañías siderúrgicas de similar volumen ubicadas en otros países”, lo que sin duda tiene un importante impacto en los resultados generales y repercute sobre la viabilidad de nuevas inversiones y creación de nuevos puestos de trabajo.
Acerinox cuenta con un patrón de consumo electro-intensivo que facilita la integración de energías renovables y forma parte de un sector, el siderúrgico, que realiza fuertes inversiones en I+D+i para potenciar la eficiencia energética y la gestión de la demanda con el fin de controlar el consumo, como también recordó.
Por todo ello, Velázquez subrayó “que el actual sistema de subasta eléctrico conlleva la pérdida de competitividad de plantas como la nuestra en comparación con el resto de compañías del mercado”.
En su intervención, el consejero delegado de Acerinox ha recordado que “la factura eléctrica en España lleva asociada costes impropios de ésta, que se repercuten sobre la industria”, tales como los derivados de las insularidades, y ha planteado su traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
