El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que se van presentar sendas denuncias penales, ante el Seprona y la Fiscalía, por el presunto delito ecológico cometido por el gobierno central, al negarse a abrir la bocana del rio Guadiaro, taponada de arena desde el pasado 1 de septiembre. Es la conclusión principal de la reunión mantenida por las tres administraciones con intereses en el rio: la subdelegación del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de San Roque.
El alcalde va a trasladar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la defensa de los intereses del municipio, para que emprenda acciones judiciales contra los responsables de los delitos medioambientales que se puedan ocasionar por el cierre del río Guadiaro.
Ruiz Boix ha acusado de hacer dejación de funciones al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz; al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz, y también, al jefe de la Demarcación de Costas del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Patricio Poullet.
El alcalde sanroqueño espera “que no sea noticia en los próximos días, que una bancada de peces mueren en el río Guadiaro ante la desidia y la dejadez del Gobierno Central por asumir sus competencias”.
En la reunión de este miércoles, sólo se ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno de pedir un informe a la abogacía del Estado, “para conocer qué Administración tiene las competencias en este asunto”.
El Ayuntamiento de San Roque, en los dos últimos años, ha tenido que actuar con dinero público, en tres ocasiones: tras el verano del pasado año y dos más durante el verano de este 2017, para intentar solucionar el problema que genera el cierre de la bocana. El coste ha sido de más de 14.000 euros.
Ruiz Boix recuerda que la Ley de Costas es una ley estatal, y todas las competencias sobre el dominio público marítimo terrestre corresponden al Gobierno de España, y principalmente el artículo 111.A de la Ley de Costas indica que serán obras de interés general y por tanto corresponderá su competencia a la Administración General del Estado todas las que se consideren necesarias para la protección, la defensa, la conservación y el uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integran. Es por ello, por lo que el Ayuntamiento de San Roque – que no tiene ninguna competencia en este aspecto – ha confirmado que no va a actuar en el río como ha hecho en tres ocasiones.